Recurso de inconstitucionalidad frena sentencia de la «Barbie Fiscal»


El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula suspendió la lectura de sentencia programada contra la exfiscal del Ministerio Público, Francia Sofía Medina Martínez, luego de que su equipo de defensa interpusiera una acción de garantía de inconstitucionalidad.

La decisión judicial paraliza temporalmente el proceso mientras la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza el recurso presentado por la defensa de la exfuncionaria.

Defensa cuestiona disposiciones del Código Penal

El portavoz de los juzgados sampedranos, Ruy Gabriel Barahona, informó que la exfiscal cambió recientemente de apoderado legal, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad dirigido contra disposiciones del Código Penal.

Como consecuencia, el expediente fue remitido a la Sala de lo Constitucional, instancia que deberá resolver el planteamiento antes de que pueda reanudarse el proceso y fijarse una nueva fecha para la lectura de sentencia.

Exfiscal fue declarada culpable en mayo

Francia Medina fue declarada culpable el pasado 27 de mayo por los delitos de:

Lavado de activos.
Sustracción, destrucción, ocultamiento e inutilización de documentos en custodia.
Uso de información privilegiada.
Falsificación de documentos públicos.

La lectura de sentencia estaba prevista para el próximo 30 de junio, pero quedó suspendida tras la presentación del recurso constitucional.

Fiscalía solicitó más de 31 años de prisión

Durante la etapa de individualización de la pena, el Ministerio Público solicitó una condena de 31 años y tres meses de prisión, además del pago de 367 millones 872 mil 214 lempiras con 56 centavos.

Según lo expuesto durante el juicio oral y público, las investigaciones establecieron que Medina reportó ingresos por aproximadamente 2.3 millones de lempiras, mientras que sus egresos, relacionados con la adquisición de bienes, vehículos de lujo y joyas, ascendieron a 91.2 millones de lempiras.

De acuerdo con la acusación fiscal, estos recursos estarían vinculados a evidencias que permanecían bajo custodia en las bóvedas del Banco Central de Honduras.


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