Roberto Aldana Zelaya nombrado en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia
El coronel Roberto Aldana Zelaya fue nombrado nuevamente como titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) por el presidente Nasry Asfura, marcando su segundo regreso a la institución y reforzando su vínculo con administraciones de línea nacionalista.
Aldana ya había ocupado este cargo en dos gobiernos anteriores y también se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Su firma aparece en resoluciones relacionadas con el manejo de más de 30 mil millones de lempiras provenientes de la Tasa de Seguridad, fondos que no han sido investigados por el Ministerio Público, aunque sí han sido parte de procesos judiciales en Estados Unidos.
Un historial militar marcado por episodios controvertidos
Su formación inició en el Liceo Militar del Norte, donde coincidió con Hernández a finales de los años 80. Posteriormente, obtuvo una beca en Venezuela, donde se graduó como subteniente de caballería en 1991.
Al regresar al país, fue asignado al Segundo Regimiento de Caballería Blindada y luego destacado en zonas fronterizas de Choluteca. Dos fuentes militares relataron un episodio ocurrido en 1993, cuando Aldana habría simulado un ataque de fuerzas sandinistas tras dispararse accidentalmente durante un patrullaje. Según estas versiones, ordenó a los soldados abrir fuego pese a no existir amenaza real.
Una comisión militar investigó el hecho y concluyó que el disparo fue autoinfligido. Aunque se recomendó su separación de las Fuerzas Armadas, la intervención de un familiar —el entonces teniente coronel Mario Augusto Barahona Aldana— habría evitado su baja definitiva.
Un nombramiento que revive debates sobre la Tasa de Seguridad
El retorno de Aldana a la DNII ocurre mientras persisten cuestionamientos sobre el manejo de los recursos de la Tasa de Seguridad durante los gobiernos nacionalistas. En Estados Unidos, procesos judiciales han derivado en condenas contra exadministradores del fideicomiso, aunque en Honduras no se han abierto investigaciones formales.
El gobierno de Asfura no ha ofrecido comentarios adicionales sobre el nombramiento, que se enmarca en la reorganización de estructuras de seguridad e inteligencia.
