La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), instaló una Mesa Técnica de reforma integral a la Ley de Equidad y Desarrollo para las personas con Discapacidad, con el objetivo de elaborar una propuesta de ley consensuada con todas y todos los actores involucrados para presentarla ante el Congreso Nacional.

La SEDESOL, asumiendo el rol de rectorar las políticas sociales, a través de la Dirección General de Discapacidad, lidera esta iniciativa para reformar el Decreto 160-2005 de la ley en mención para consensuar una versión de un nuevo marco legal integral, que responda a la realidad nacional y que permita dignificar la vida de las personas con discapacidad en Honduras.

“Ley de personas con discapacidad fue aprobada en el Gobierno del Poder Ciudadano, han pasado muchos años y esa ley hay que actualizarla y darle una nueva dimensión”, dijo el ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, quien atribuyó la necesidad de la reforma al abandono del sector discapacidad durante las últimas administraciones.

La SEDESOL convocó a diversos actores sociales para integrar la mesa y definir una metodología de trabajo para analizar, revisar y generar propuestas consensuadas para realizar las modificaciones necesarias a la actual Ley de Equidad y Desarrollo Integral.

“Esta mesa se va encargar de revisar artículo por artículo para garantizar que esta propuesta que va llegar al Congreso Nacional, sea reformada de manera integral con la participación de la Sociedad Civil. En la SEDESOL queremos mejorar la garantía de derechos humanos para personas con discapacidad en Honduras”, expresó Wendy Aguilar Directora General de Discapacidad de SEDESOL.

Este proceso se realiza con el acompañamiento técnico y asesoría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), participación de las Secretarías de Derechos Humanos y Asuntos de la Mujer y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) como veedor del proceso.

También participan organizaciones de Sociedad Civil del Sector Discapacidad, entre ellas, la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad en Honduras (Fenapapedish), Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenopdih) y la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH).

El nuevo instrumento jurídico contempla, entre otras cosas, la gestión de presupuestos, un nuevo censo, garantías de derechos en salud y educación, espacios de recreación, así como accesos de movilidad en infraestructura y transporte, el cumplimiento a los descuentos y a la cuota de empleabilidad del cuatro (4) por ciento que deben cumplir tanto empresas privadas como instituciones del Estado.

Nuevo censo
“La Dirección General de Discapacidad y nuestro Observatorio de Desarrollo Social de SEDESOL, trabajarán junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Registro Nacional de las Personas para elaborar el primer censo de discapacidad en la historia del país”, informó el Ministro Cardona, al tiempo que cuestionó que en el Gobierno anterior se entregaron más de 100 mil carnets de discapacidad a personas que no tenían ninguna discapacidad solo para cobrar el bono.

Este censo estará listo en los próximos tres meses, el cual permitirá conocer el dato real de cuántas personas con discapacidad existen y qué tipo de discapacidades tienen, en base a eso se trabajará la Política Pública antes de enviarla al Congreso Nacional y asegurar tener un presupuesto digno para este importante sector.

Bonos
El funcionario informó que, a finales de este año, se estaría entregando el primer bono a personas con discapacidad, a través del Programa Nacional de Solidaridad Honduras (Pronasol-H), el cual es un brazo ejecutor de la SEDESOL para proyectos de grupos vulnerables. El bono se otorgará en base al censo y de acuerdo al tipo de discapacidad, se definirán las cantidades priorizando a quienes más lo necesitan, para evitar que terceras personas se lucren como se hizo en el Gobierno anterior.

La SEDESOL avanza en el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, de velar por los sectores más vulnerabilizados e históricamente excluidos, encabezando esta iniciativa de reforma para dar respuestas integrales y oportunas.