La Sala I del Tribunal de Sentencia resolvió extinguir la acción penal derivada de la querella presentada por la actual embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Cossette López, contra el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, debido a la falta de actividad procesal de la parte querellante.

– La resolución pone fin a este procedimiento por razones procesales, sin que el tribunal haya emitido un pronunciamiento sobre la veracidad de las acusaciones que dieron origen al conflicto entre los exfuncionarios electorales.

La querella surgió a raíz de las diferencias entre López y Ochoa durante su participación en el pleno del CNE, en el contexto del proceso electoral de 2025.

QUERELLA INCLUÍA DOS DELITOS

Cossette López promovió la acción judicial contra Marlon Ochoa por los presuntos delitos de revelación de secretos y calumnias.

La controversia se originó después de que Ochoa formulara señalamientos públicos contra López, a quien atribuyó supuestas actuaciones dirigidas a conspirar contra el proceso electoral de 2025.

Ante esas declaraciones, López acudió a la vía judicial mediante una querella.

Sin embargo, el procedimiento no continuó su desarrollo debido a la falta de actuaciones posteriores de la representación legal de la querellante, según estableció el tribunal.

DEFENSA DE OCHOA SOLICITÓ EL CIERRE DEL PROCESO

La Sala I informó que el 4 de noviembre recibió un escrito presentado por el abogado Manuel Díaz Galeas, representante legal de Ochoa, solicitando que se declarara el desistimiento de la querella.

El tribunal revisó las actuaciones registradas en el expediente y constató que la acción había sido recibida el 16 de junio.

Asimismo, estableció que la última diligencia efectuada por la abogada Daniela Ferrera Turcios, representante de Cossette López, se realizó el 18 de junio.

Desde entonces, según la resolución, no se registraron actuaciones suficientes para impulsar la continuidad del procedimiento.

TRIBUNAL APLICÓ EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

Los magistrados señalaron que la parte querellante tiene la facultad de ejercer sus derechos dentro del proceso, pero también debe cumplir con las actuaciones necesarias para mantener activa la acción judicial.

En su análisis, la Sala I determinó que había transcurrido el período de inactividad requerido para declarar la extinción.

La resolución hace referencia al artículo 42, numeral 4, del Código Procesal Penal, utilizado como fundamento para acceder a la petición presentada por la defensa de Ochoa.

El tribunal también mencionó que el expediente acumulaba varios meses sin actividad procesal de la parte querellante.

¿QUÉ SIGNIFICA LA RESOLUCIÓN?

La decisión judicial implica la extinción de la acción penal promovida mediante esta querella particular contra Marlon Ochoa.

No obstante, el cierre por inactividad procesal no constituye una sentencia absolutoria sobre el fondo de las acusaciones.

La resolución tampoco establece que los señalamientos que originaron el conflicto fueran verdaderos o falsos.