Tegucigalpa, Honduras.— Las administraciones de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Ráquel Obando y Rolando Argueta serán sometidas a una extensa revisión del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuyo pleno prevé aprobar formalmente en octubre el inicio de las auditorías.

El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que la solicitud ya fue recibida, pero antes de desplegar los equipos auditores debe cumplirse el procedimiento interno y realizarse la programación correspondiente.

“Estamos por aprobar el inicio de esta auditoría como pleno, porque hay un procedimiento previo a iniciar”, señaló Montes. El funcionario estimó que esa autorización podría concretarse durante octubre.

Diez años de administración judicial bajo revisión

El alcance de las auditorías será considerable. La revisión comprenderá los primeros tres años de la administración de Rebeca Ráquel Obando y los siete años correspondientes a Rolando Argueta, quien presidió el Poder Judicial entre 2016 y 2023.

En total, el órgano contralor deberá examinar una década de administración de la Corte, por lo que las autoridades judiciales anticipan que las conclusiones no estarán disponibles a corto plazo.

La magistrada Anny Ochoa ya había advertido en julio que la amplitud del período obliga a desarrollar diferentes etapas técnicas antes de elaborar un informe definitivo. Una vez concluido, los resultados deberán ser remitidos al pleno de magistrados de la CSJ.

Auditoría fue solicitada tras salida de Obando

El pleno de la Corte aprobó en mayo de 2026 solicitar las auditorías al TSC. La decisión se produjo después de que Rebeca Ráquel Obando renunciara a la Presidencia de la CSJ el 25 de marzo, aunque permanece como magistrada del máximo tribunal.

La administración de Obando había quedado bajo cuestionamientos, entre otros asuntos, por al menos 190 nombramientos efectuados durante su gestión. La exfuncionaria ha defendido la legalidad de esas decisiones y manifestó su disposición a que sean revisadas mediante una auditoría.

La revisión no significa por sí misma que se hayan establecido irregularidades o responsabilidades contra los expresidentes de la Corte. Será precisamente el proceso auditor el que deberá examinar la documentación y determinar sus conclusiones.

Poder Judicial ya enfrenta otras revisiones

Las nuevas auditorías se producen además en un momento en que el TSC ha realizado investigaciones sobre el manejo de recursos dentro del Poder Judicial.

Una investigación especial iniciada en marzo examinó embargos judiciales contra la Cuenta Única del Estado. Posteriormente, el organismo documentó observaciones relacionadas con desembolsos por más de L921 millones, y parte de los hallazgos fue trasladada al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades.

La aprobación prevista para octubre abrirá formalmente otra revisión de gran alcance dentro del Poder Judicial, esta vez centrada en las administraciones encabezadas por Argueta y Obando.