Tegucigalpa, 11 de marzo de 2025 – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha puesto en marcha una investigación especial sobre las anomalías detectadas en el proceso electoral primario del pasado 9 de marzo de 2025, enfocándose en el manejo de fondos y la logística electoral por parte de las Fuerzas Armadas.

Así lo confirmó este martes Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, quien detalló que una unidad élite de auditores especializados fue desplazada a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto para iniciar las pesquisas.

Isaula explicó que la investigación responde a las denuncias surgidas durante los comicios, particularmente relacionadas con los retrasos en la distribución del material electoral a los centros de votación, un problema que desató controversia y cuestionamientos sobre la gestión logística.

“Tal como se anunció el día de las elecciones, estamos examinando el uso de los fondos destinados al proceso electoral. Si se detectan irregularidades, se deducirán responsabilidades civiles y administrativas, y de haber indicios penales, remitiremos el informe al Ministerio Público”, advirtió.

La unidad élite, integrada por expertos en cuatro áreas clave, ya ha solicitado una reunión con las autoridades superiores del Estado Mayor Conjunto para garantizar el acceso inmediato a la documentación necesaria.

Entre los puntos principales a esclarecer está la gestión de los recursos económicos, la legalidad de los contratos suscritos y las razones detrás de las fallas en la entrega del material electoral, que afectaron la jornada en varias zonas del país.

“El TSC está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Una vez concluida la investigación, presentaremos un informe detallado a la ciudadanía, con hallazgos claros y las acciones a seguir”, afirmó Isaula.

Este proceso busca no solo identificar posibles irregularidades, sino también fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de los eventos democráticos.

La intervención del TSC en las Fuerzas Armadas marca un paso significativo en la fiscalización de los recursos públicos utilizados en las elecciones, en un contexto de creciente escrutinio sobre el desempeño de las autoridades electorales y logísticas. Los resultados de esta investigación podrían tener implicaciones tanto administrativas como legales, mientras la población aguarda respuestas que refuercen la legitimidad del proceso democrático.