El caso de Angie Samantha Peña Melgares vuelve a situarse en el centro de la atención pública en Honduras tras el cierre del juicio oral y público contra cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal denominada «Delta Team».

Esta organización es señalada por el Ministerio Público de operar una red transnacional de trata de personas y explotación sexual comercial en Roatán, Islas de la Bahía.

La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción concluyó la etapa de conclusiones y programó la lectura del fallo definitivo para el próximo lunes 9 de noviembre a la 1:30 de la tarde.

El debate judicial, que comenzó el pasado 7 de septiembre, se desarrolló bajo una estricta secretividad a petición expresa de la Fiscalía.

El Ministerio Público argumentó que la publicidad del proceso podía poner en riesgo inminente la vida y la integridad de la joven, cuyo paradero sigue siendo desconocido para su familia a cuatro años y medio de su desaparición en la zona insular del país.

Al cierre de las jornadas, los fiscales solicitaron formalmente que se declare la responsabilidad penal y condena de los acusados, mientras que las defensas técnicas peticionaron una resolución absolutoria.

Entre los procesados penalmente figuran los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, quienes enfrentan cargos por el delito de trata de personas. Asimismo, el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera son señalados por el delito de asociación para delinquir.

Según las investigaciones presentadas por las autoridades fiscales, esta estructura criminal comenzó sus operaciones delictivas alrededor del año 2019 en las Islas de la Bahía, vinculándose de manera sistemática con la explotación sexual y otras actividades ilícitas conexas.

La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, se pronunció de manera enérgica ante la culminación de este juicio y afirmó que el proceso confirma que la desaparición de Angie Peña no obedeció a un accidente marítimo fortuito, sino a una privación de libertad ejecutada por la red criminal Delta Team para su posterior venta.

Villanueva aseveró que el veredicto de los jueces debe ratificar la culpabilidad de la organización delictiva y, al mismo tiempo, otorgar la amplitud legal necesaria para librar requerimientos fiscales firmes contra las autoridades locales involucradas en la complicidad de estos graves delitos, exigiendo una depuración profunda frente a la impunidad institucional.