Tegucigalpa, Honduras (3 de junio de 2025) – Tras semanas de intensos debates, tensiones políticas y retrasos, el Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes, por consenso de las bancadas, un presupuesto especial de 1,737.5 millones de lempiras destinado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la organización de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025.

La aprobación, que se logró tras superar la controversia en torno a la asignación de fondos, marca un hito crucial para garantizar la continuidad del proceso electoral en el país.

El presupuesto, solicitado por el CNE, incluye fondos para la logística electoral, la modernización tecnológica, la capacitación de personal y la implementación de medidas de seguridad, como el sistema de identificación biométrica y la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según el consejero Marlon Ochoa, estos recursos permitirán el despliegue nacional del CNE para capacitar a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y custodios informáticos, así como la instalación de 18 comisiones departamentales y 298 municipales, y la adquisición de antenas satelitales para garantizar conectividad en todos los centros de votación.

La aprobación del presupuesto estuvo precedida por una serie de obstáculos, incluyendo conflictos internos en el CNE y críticas de la oposición, que señalaban la falta de detalle en la justificación de los fondos.

Las elecciones generales de 2025 definirán al próximo presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y autoridades de 298 corporaciones municipales para el periodo 2026-2030.

Con un censo electoral proyectado de más de 6.4 millones de votantes, la magnitud del proceso requiere una planificación robusta y recursos suficientes.

El presupuesto de 1,737.5 millones de lempiras, aunque superior al asignado para las elecciones primarias (1,492 millones de lempiras), refleja el aumento de los costos operativos y la necesidad de implementar tecnologías avanzadas para garantizar la transparencia.

Estas tecnologías incluyen el sistema biométrico, que busca evitar el fraude electoral, y el TREP, que agiliza la divulgación de resultados preliminares.

Además, los fondos cubrirán la logística de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas, con una asignación específica de 85.5 millones de lempiras.

La demora en la aprobación del presupuesto generó preocupación en diversos sectores, incluyendo el empresarial, que instó al Congreso a priorizar el tema para evitar un impacto negativo en el calendario electoral.