Tegucigalpa, Honduras. En una advertencia emitida en cadena nacional, el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, anunció que a partir de ahora se aplicará «con rigor la ley» contra los diputados —principalmente de oposición— que no asistan a las sesiones del pleno.

Redondo citó el artículo 197 de la Constitución y el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que contemplan la pérdida de la condición de diputado por inasistencia injustificada.

Redondo Detalla Mecanismos para Asegurar el Quórum

El titular del Legislativo hondureño recordó que los diputados suplentes están obligados a estar presentes y pueden ser llamados para garantizar el quórum. Además, planteó tres escenarios para asegurar la asistencia:

1. Si el diputado propietario no llega, será suplantado por el diputado suplente.
2. Si ni el diputado propietario ni el suplente se presentan, serán suplantados por otro diputado suplente de la misma bancada.
3. En el caso de que no se presente ni el diputado propietario, ni el suplente, y no haya diputados suplentes de la misma bancada, será atribución del presidente del Poder Legislativo nombrar diputados suplentes de cualquier bancada.

Redondo garantizó que el quórum o mayoría simple (65 diputados) no será roto y acusó a los diputados de oposición de intentar romperlo para evitar la aprobación de decretos en favor de la población. Subrayó que la presencia en todas las reuniones del pleno es una obligación de los congresistas.

«Le garantizo al pueblo hondureño que en aplicación de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica vamos a impedir que se rompa el quórum y aprobaremos los proyectos de interés para todo el pueblo de Honduras», declaró Redondo.

Denuncia de Manipulación de Actas

El presidente del CN también denunció una supuesta «campaña mediática de difamación» sobre las actas del Congreso Nacional, que, según él, busca ocultar «abusos y excesos» de administraciones anteriores.

Señaló que en el pasado se había normalizado la práctica de modificar, reformar y alterar decretos ya aprobados al momento de la aprobación del acta de la sesión.

«Nosotros hemos corregido esta situación. No es cierto que primero se deba aprobar el acta para que un decreto ya votado sea enviado a sanción», puntualizó.

Fuertes Reacciones de la Oposición y Expertos Constitucionalistas

Las declaraciones de Luis Redondo generaron un rechazo inmediato por parte de la oposición y de expertos en derecho constitucional:

• Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional en el CN, calificó las pretensiones de Redondo de ilegales: «Los artículos constitucionales y de la Ley Orgánica son claros, ningún diputado suplente de un partido puede irse a sentar a usurpar curules de otro partido; eso es ilegal y es delito». Zambrano añadió que las amenazas de Redondo no son nuevas.
• El diputado Liberal Marlon Lara sostuvo que las pretensiones de Redondo «atentan contra la Constitución y las leyes de Honduras» y que no tiene potestad para expulsar diputados. «Él -Redondo- está usurpando ese Poder del Estado desde el 21 de enero de 2022 (…) mañana como liberales estaremos puntuales en nuestros curules. La insurrección legislativa fue algo que Libre lo puso en práctica en el periodo pasado», acotó.
• La abogada constitucionalista Ruth Lafosse afirmó que pretender expulsar a diputados por inasistencia debe interpretarse como un intento de control del CN por la fuerza. «La verdad que lo que se mira es una crisis en el Congreso Nacional, y no es de ahora, sino desde el nombramiento a la fuerza y sin los votos de un presidente del CN que ahora vemos todo lo que ha traído como consecuencia. Es una muy mala interpretación de la Constitución», zanjó Lafosse.
• Finalmente, el diputado liberal Jorge Cálix calificó la advertencia de Redondo como un «abuso de poder». «¿Que me diga Redondo en qué parte de la Constitución dice que quien presida tiene esa facultad -de expulsar a los diputados-. Interpretan la Constitución a su antojo», manifestó Cálix.

Este pulso político en el Congreso Nacional subraya las tensiones existentes entre el oficialismo y la oposición, y plantea interrogantes sobre la interpretación y aplicación de las leyes parlamentarias en Honduras.