La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción confirmó la orden de captura internacional contra el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, vinculado al caso de presunta corrupción conocido como “Casas Contenedores”, en el que el Ministerio Público investiga un supuesto perjuicio de 294 millones de lempiras al Estado hondureño.

– La resolución judicial también ratifica los autos de formal procesamiento contra 10 personas relacionadas con el expediente, mientras que dos imputadas recibieron sobreseimiento definitivo. Además, las autoridades mantienen órdenes de captura contra otras dos personas que no han sido localizadas.

La decisión representa un nuevo avance procesal en la investigación de un proyecto habitacional que, según las acusaciones fiscales, habría comprometido millonarios recursos públicos sin alcanzar los resultados previstos.

EBAL DÍAZ CONTINÚA CON ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que la Corte de Apelaciones resolvió mantener vigente la orden de captura contra el exfuncionario.

Díaz, quien se desempeñó como ministro de la Presidencia durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, continúa sin comparecer ante las autoridades judiciales hondureñas en este expediente.

Según la información disponible, el exministro reside en Nicaragua, aunque su ubicación actual no fue confirmada por el portavoz judicial.

Silva también indicó que existen otras dos personas requeridas por la justicia que permanecen sin ser localizadas y cuentan con órdenes de captura y alertas internacionales.

El funcionario evitó revelar sus identidades para no interferir con las labores de búsqueda y detención.

CORTE CONFIRMA PROCESAMIENTO CONTRA 10 IMPUTADOS

La resolución ratificó los autos de formal procesamiento contra 10 personas vinculadas al caso.

Entre ellas figuran Sonia Morales, Sonia Montoya y Mario Gómez, quienes enfrentan acusaciones por fraude, administración fraudulenta y violación de los deberes de los funcionarios.

Asimismo, Frank Rodríguez, Luis Aparicio, Liz Moncada, Óscar Mendoza, Rolando Pujol y José Cali están procesados por los delitos de fraude y administración fraudulenta.

Por su parte, José Cortés enfrenta un proceso por administración fraudulenta.

La confirmación de estas resoluciones implica que los imputados deberán continuar sometidos a las siguientes etapas del procedimiento penal.

No obstante, el auto de formal procesamiento no constituye una sentencia condenatoria, por lo que se mantiene vigente la presunción de inocencia.

DOS IMPUTADAS RECIBEN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

La Corte de Apelaciones también revocó el auto de formal procesamiento dictado contra Carmen Cuadra y Lette Villatoro Flores.

En ambos casos, el tribunal determinó otorgar sobreseimiento definitivo, según explicó el portavoz Carlos Silva.

Con esta decisión, las dos mujeres quedan excluidas de la continuación del proceso en los términos establecidos por la resolución judicial.

La determinación contrasta con la situación de los otros 10 imputados, cuyos procesos fueron ratificados por el tribunal de alzada.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CASO CASAS CONTENEDORES?

La investigación está relacionada con el proyecto habitacional denominado residencial Morazán, que habría sido presentado como una iniciativa para beneficiar a unas 10,000 familias hondureñas mediante la asignación de viviendas.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el proyecto no habría alcanzado los objetivos anunciados y únicamente 21 contenedores habrían sido habitados.

El Ministerio Público sostiene que las supuestas irregularidades en la ejecución de esta iniciativa ocasionaron un perjuicio económico estimado en 294 millones de lempiras a las finanzas públicas.

Las autoridades investigan posibles responsabilidades relacionadas con la administración y utilización de los recursos destinados al proyecto.

Sin embargo, el monto señalado corresponde a la estimación de perjuicio incluida en la investigación y no a una responsabilidad económica establecida mediante sentencia firme.

¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO JUDICIAL?

Carlos Silva explicó que, una vez notificadas las partes involucradas, el expediente será remitido al juzgado de letras competente en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

Posteriormente, se deberá esperar la solicitud del Ministerio Público para programar la audiencia preliminar.

En esa etapa, la Fiscalía podrá solicitar la apertura a juicio oral y público, siempre que considere que existen elementos suficientes para continuar con la acusación.

De cumplirse los requisitos procesales, el caso podría ser remitido a un tribunal de sentencia para su conocimiento.

EBAL DÍAZ FUE SEÑALADO POR ESTADOS UNIDOS EN 2024

Como antecedente, en diciembre de 2024 el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Ebal Díaz en una lista de personas señaladas por presuntos actos de corrupción.

Esa designación administrativa estadounidense es independiente del proceso penal que actualmente se desarrolla en Honduras.

Con la reciente resolución de la Corte de Apelaciones, las autoridades hondureñas mantienen activa la búsqueda internacional del exministro y de otros dos imputados, mientras el expediente continúa su trámite judicial por el presunto perjuicio millonario relacionado con el proyecto Casas Contenedores.