El control que históricamente han ejercido los partidos políticos sobre las mesas electorales podría reducirse si prospera una de las reformas presentadas ante el Congreso Nacional para modificar la Ley Electoral.

La propuesta plantea una integración mixta de las Juntas Receptoras de Votos (JRCV): tres de sus cinco miembros representarían a los partidos políticos con mayor votación, mientras dos cargos claves serían ocupados por ciudadanos que no representen a ninguna organización política.

El cambio está incluido dentro de un paquete de 22 reformas electorales presentado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con el que se pretende introducir modificaciones antes de futuros procesos electorales.

¿Qué cambiaría en las mesas?

Actualmente, la Ley Electoral establece una integración de cinco miembros propietarios con voz y voto y sus respectivos suplentes, con participación determinada por los partidos políticos.

La propuesta modifica ese esquema.

Tres integrantes serían designados por los tres partidos que hayan obtenido más votos en el nivel presidencial de la última elección general. Esos representantes ocuparían los cargos de presidente, vocal I y vocal II.

Los otros dos puestos —secretario y escrutador— serían ocupados por ciudadanos sin representación partidaria.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que seleccionarlos mediante un sorteo público y aleatorio entre los electores inscritos y habilitados para votar en el respectivo centro de votación.

No sería una ciudadanización completa

El alcance de la propuesta es importante: los partidos no desaparecerían de las mesas electorales.

Conservarían tres de los cinco puestos propietarios y, por tanto, la mayoría numérica.

El cambio consiste en que ya no ocuparían todos los espacios de la estructura de la JRCV. Dos funciones directamente relacionadas con la documentación y el escrutinio quedarían en manos de ciudadanos seleccionados por el CNE.

Se trataría, por tanto, de un modelo mixto de representación partidaria y participación ciudadana, y no de una ciudadanización completa de las mesas.

No bastaría con salir sorteado

La selección tampoco significaría una incorporación automática.

Los ciudadanos escogidos para desempeñarse como secretarios y escrutadores tendrían que recibir capacitación obligatoria del CNE y aprobar evaluaciones teóricas y prácticas antes de obtener su acreditación.

El proceso de selección, capacitación, evaluación y acreditación tendría que concluir al menos 30 días antes de las elecciones generales.

Además, el CNE tendría que disponer de ciudadanos suplentes capacitados para cubrir ausencias, renuncias o impedimentos.

¿Quiénes quedarían excluidos?

La propuesta incorpora filtros destinados a reducir posibles conflictos de interés.

No podrían desempeñarse como secretario o escrutador candidatos a cargos de elección popular, dirigentes o activistas acreditados de partidos, integrantes de órganos de dirección partidaria, funcionarios del CNE o del Tribunal de Justicia Electoral, ni miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

También podrían establecerse otras incompatibilidades relacionadas con la falta de imparcialidad.

Participar sería obligatorio

Otro cambio relevante es que ejercer como secretario o escrutador tendría carácter obligatorio como deber cívico, salvo que el ciudadano presente una causa justificada ante el CNE.

Los integrantes continuarían desempeñando sus funciones ad honorem, aunque la propuesta permite que el organismo electoral determine dentro de su presupuesto gastos de alimentación, transporte, viáticos, compensaciones o reconocimientos.

Las mesas electorales son el primer punto donde se reciben los votos, se cuentan y se documentan los resultados.

Por eso, quiénes las integran constituye una pieza sensible de la confianza electoral.

La reforma intenta introducir ciudadanos independientes dentro de una estructura tradicionalmente dominada por representantes partidarios, sin eliminar completamente la participación de los partidos.

El verdadero alcance dependerá de cómo se diseñe el sorteo, cómo se compruebe la independencia política de los seleccionados y qué capacidad tenga el CNE para capacitar y evaluar a miles de ciudadanos.

La iniciativa establece precisamente que el organismo electoral tendría que reglamentar mecanismos de selección públicos, transparentes y auditables, además de procedimientos para verificar la independencia político-partidaria.

Lo que viene

La propuesta todavía está en discusión y puede sufrir modificaciones.

El debate se ampliará con otras iniciativas. El documento señala que sectores de sociedad civil y el PNUD tienen previsto presentar el 17 de septiembre su propia propuesta de reformas electorales, lo que abriría una etapa de búsqueda de consensos.

La discusión, por tanto, no será únicamente si los ciudadanos deben entrar a las mesas electorales, sino cuánto poder conservarán los partidos, cómo serán seleccionados los nuevos integrantes y qué controles garantizarán que el sorteo sea verdaderamente independiente.