Infobae. El subteniente de artillería Kevin Edgardo Vargas Meza aprovechó un viaje a Tegucigalpa para comprar dos uniformes de fatiga en los almacenes del ejército. Eran días difíciles aquellos del año 2015: el oficial recién había informado a investigadores de inteligencia que el coronel Elías Melgar Urbina, comandante de uno de los batallones de la Policía Militar de Orden Público, estaba implicado en asesinatos extrajudiciales. Cuando el alto oficial se enteró de las acusaciones no dudo en reclamar y amenazar al subteniente: “Pedazo de mierda, vos quién putas te crees, cerote, yo soy un coronel… Ya vas a ver”.

Habían pasado dos días de aquella amenaza cuando Vargas Meza fue a comprar sus uniformes al almacén militar, cerca del aeropuerto de Tegucigalpa. Cuando salió de su compra, la policía lo detuvo. Poco después las autoridades lo presentaron a la prensa junto a 20 pandilleros del Barrio 18 y lo acusaron de proveer de equipo militar y armas a la pandilla. Un juez dejó libre al subteniente a los pocos días tras no encontrar mérito en las acusaciones, pero el joven militar tuvo que dejar el ejército hondureño para siempre. Confrontarse a Melgar le había costado su carrera y buena parte de su salud mental, según dijo un abogado que lo conoció y habló con él.

El coronel al que el subteniente Vargas Meza se atrevió a señalar, Elías Melgar Urbina, es un hombre poderoso en Honduras desde hace años. Su hoja de vida es larga y problemática. Su nombre empezó a sonar primero en el Bajo Aguán, el amplio territorio agrícola en el norte del país salpicado por ejecuciones extrajudiciales de campesinos y cooperativistas que han protestado contra proyectos mineros, de palma africana y de otra índole en la zona. El medio hondureño Reporteros de Investigación ahondó en los vínculos de Melgar y una de sus empresas con esos asesinatos en el Bajo Aguán, de algunos de los cuales el subteniente Vargas Meza informó a la inteligencia policial de su país. No está claro de cuántas muertes estaba el tanto Vargas, pero informes de organizaciones internacionales de Derechos Humanos cifran los asesinatos por arriba de los 40.

La hoja de servicios de Melgar creció durante el mandato de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño que fue extraditado a Nueva York y hoy espera ahí un juicio por narcotráfico. Hasta el 11 de diciembre fue viceministro de Defensa en el gobierno de Xiomara Castro. Antes, en junio de 2023, había fingido su renuncia tras la masacre de 46 mujeres en la cárcel de Támara, cerca de la capital Tegucigalpa, pero era eso, un fingimiento: en realidad Melgar nunca renunció y siguió siendo alto funcionario hasta hace unos días.

La masacre de Támara ocurrió el 20 de junio pasado: 46 mujeres presas ahí murieron abatidas a balazos o calcinadas en un incidente cuyos orígenes siguen en investigación. Las primeras versiones filtradas a la prensa sobre la matanza apuntaron a una venganza entre pandillas y a la complicidad de custodios, policías y militares. Hay, sin embargo, otra hipótesis: que la masacre fue parte de una conspiración de líderes militares para sacar del aparato de seguridad de la presidenta Xiomara Castro al general Ramón Sabillón e instalar, tras bambalinas, a oficiales ligados con el narcotráfico, como el mismo coronel Melgar Urbina.

Sabillón es el oficial de la policía hondureña que se confrontó al expresidente Hernández tras ser el primero en señalar, en privado, los posibles nexos del mandatario con los grandes clanes de narcotráfico del país. Hernández destituyó a Sabillón en 2014 y el oficial tuvo que exiliarse, pero volvió tras la toma de posesión de Xiomara Castro en enero de 2022. En junio pasado, tras la masacre de Támara, fue destituido y tuvo que salir del país de nuevo.

“En eso (la masacre de Támara) hubo confabulación policial y militar”, dice un alto cargo del gobierno de Xiomara Castro.

Pocas horas habían pasado de la masacre cuando la presidenta Castro destituyó Sabillón. Tres funcionarios de alto nivel en el gobierno de Castro señalan a Melgar Urbina como uno de los militares que participó, antes de la masacre, en un complot para desbaratar la nueva configuración del aparato de seguridad público tras el ascenso al poder de la presidenta Castro, quien había decidido dar la batuta a oficiales de la policía y no a los militares, de quienes ella y su entorno desconfiaban por el golpe de Estado que en 2009 depuso a su esposo, Manuel Zelaya.

Además de sus vínculos con los asesinatos de campesinos y su posible participación en el complot para descabezar el aparato de seguridad pública, sobre el coronel Elías Melgar pesan señalamientos por nexos con Giovanny Fuentes Ramírez, uno de los narcotraficantes más sanguinarios e influyentes en Honduras desde principios de siglo, también enjuiciado en Nueva York por narcotráfico. En los procesos judiciales contra Fuentes en Estados Unidos consta que el narcotraficante identificó al coronel Melgar como uno de los altos oficiales militares que le proveían protección para producir y traficar cocaína.

Los escuadrones de la muerte en el Bajo Aguán

Mientras fue viceministro de Defensa, el coronel Melgar Urbina también fue miembro activo del consejo gubernamental formado por el gobierno de Xiomara Castro para dar seguimiento a decenas de asesinatos perpetrados por sicarios y escuadrones de la muerte en el Bajo Aguán, una de las zonas más fértiles del país en la mitad norte, poblada por miles de hectáreas de palma aceitera y otros cultivos.

En el Bajo Aguán, de hecho, hay mucha gente que conoce al coronel Elías Melgar. Aquí, en las fincas palmeras del departamento de Colón, en el norte, coinciden el sicariato, los asesinatos de defensores de tierra y agua en oposición a empresas extractivistas, y narcotráfico de gran escala.

Las fuerzas armadas y la élite terrateniente han estado involucradas en ambas por años. La gente del Aguán no necesariamente recuerda a Melgar como una figura asociada a la “Refundación” del gobierno de Xiomara Castro, sino como el dueño de una empresa de seguridad privada que, en la práctica, funcionaba como un equipo de sicarios, formado por exmilitares profesionales, que trabajaron a la par de uniformados activos del 15 Batallón y que asesinaron a decenas de campesinos en la zona, que torturaron, violaron y desaparecieron a sus víctimas. Esos escuadrones de la muerte han sido condenados a nivel internacional, entre otros por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).

Uno de los asesinatos recientes es el de Omar Cruz, un defensor de la tierra y presidente de la Cooperativa Los Laureles, un grupo de campesinos que ocupa una finca palmera del mismo nombre, la cual había sido tomada por un consorcio llamado Corporación Dinant desde abril de 2021. Durante los 18 meses que siguieron a esa toma, a los campesinos de Los Laureles les llegaron amenazas; denunciaron también espionaje con drones, intentos de infiltración en su movimiento, incursiones en la finca de policías encapuchados y guardias privados y arrestos arbitrarios entre otros intentos de criminalización.

El 11 de enero de este año, Cruz fue al Ministerio Público a denunciar una escalada de amenazas que atribuyó a la Corporación Dinant, la cual, según él, financiaba un supuesto escuadrón de sicarios radicado en un pueblo cercano donde, el 21 de diciembre de 2022, apareció el cuerpo de otro defensor de la tierra, Mauricio Esquivel, miembro de una cooperativa que también tenía conflicto con Dinant. El grupo de sicarios, denunció Cruz, se llamaba “Los Cachos”. Una semana después, el 18 de enero, Omar Cruz y su suegro, Sandy Martínez, fueron asesinados. Los mató una ráfaga de metralla a unas cuadras de la entrada de la finca Laureles.

La violencia en el Bajo Aguán recrudeció desde el golpe de Estado de 2009 y vio agregarse a un nuevo protagonista: el narcotráfico.

Después del golpe empezó una especie de guerra sucia. Unos 8,000 militares llegaron a la zona luego de que campesinos retomaron las fincas que, reclamaban, los agroindustriales les habían arrebatado. Las masacres empezaron a ser noticia frecuente. Al lado de los uniformados estaban siempre ejércitos de guardias privados. Una de las empresas particulares de seguridad más grandes entonces era Orión, contratada para vigilar las finas de la Corporación Dinant, uno de los monstruos agroindustriales del Aguán. Orión, de acuerdo con documentos en poder de esta investigación, está registrada a nombre de familiares del coronel Elías Melgar Urbina, quien ya en público ha reconocido que fue jefe de operaciones y jefe de inteligencia de Orión.

“Tuvimos información también de que el señor Elías Melgar lideraba la empresa de seguridad Orión que estaba al servicio de Corporación Dinant. Él, pues, daba órdenes en el Décimo Quinto Batallón de Infantería y también daba órdenes en la empresa de seguridad Orión, que era propiedad de un pariente suyo, pero él era el quien daba las órdenes. Quienes daban las órdenes a los sicarios se sentían poderosos, con total impunidad y con protección desde el poder de Elías Melgar”, dice Jhonny Rivas, líder campesino.

Por eso la sorpresa de Rivas cuando Melgar apareció el 9 de febrero de 2022, ya en el gobierno de Xiomara Castro, como parte de una comisión de ministros que llegó al Bajo Aguán a discutir la conflictividad en la zona. “Fue de mucha preocupación… Aparece el señor Elías Melgar… Tuvimos la reunión con muchos temores y miedos sabiendo que alguien que ha estado vinculado con asuntos violentos para favorecer a corporación Dinant”. Se intentó contactar a Melgar y a Dinant pero no hubo respuesta.

En una investigación publicada en agosto pasado, el medio estadounidense The Intercept reveló que Elías Melgar es dueño, a través de testaferros, de Orión, que ha funcionado como un servicio de sicarios profesionales con entrenamiento militar. Otras fuentes consultadas para esta nota, entre ellas dos funcionarios en el gobierno de Xiomara Castro, aseguraron que Melgar ha manejado un consorcio de seguridad privada que es, en realidad, una firma de mercenarios que ofrece servicios de sicariato y ha estado involucrada, desde hace años, en crímenes de lesa humanidad.

Armados con ametralladoras y rifles automáticos, agentes de Orión, muchos de ellos exmilitares, patrullaban en fincas industriales y puestos de control viales en colaboración con tropas activas del 15 Batallón del ejército hondureño, en el Bajo Aguán, donde Melgar estuvo como jefe de inteligencia militar desde aproximadamente 2009 hasta 2014. A lo largo de esos años, agentes de Orión sistemáticamente asesinaron por lo menos 40 miembros del movimiento campesinos a sangre fría.

No eran choques en confrontaciones en igualdad de condiciones, como ahora sugieren empresas palmeras y algunos medios. El informe más completo que documenta la violencia de esa época, de Rights Action, establece que se trataba más bien de asesinatos selectivos y sistemáticos por parte de guardias en colusión con militares: víctimas emboscadas en calles solitarias, masacradas sin previo aviso, desaparecidos dentro de fincas que controlaban las guardias: “Soldados del 15 Batallón… y las fuerzas de seguridad privadas,” escribe la autora del informe, la investigadora estadounidense Annie Bird, “principalmente de la corporación de seguridad de Orión… han sido identificadas sistemáticamente como iniciadores de actos de violencia contra los movimientos campesinos en un lapso de tiempo que coincide con la ejecución de docenas de ejecuciones al estilo de escuadrones de la muerte.”

Una de las peores masacres atribuidas a Orión es la de la finca El Tumbador. El 15 de noviembre de 2010, cinco campesinos fueron asesinados cuando guardias de Orión, acompañados por soldados del 15 Batallón, emboscaron a miembros de una cooperativa campesina en esa finca, en el extremo oriental del Aguán. “Nos emboscaron, nos estaban esperando”, cuenta Francisco Ramírez, sobreviviente de la masacre, mientras señala su rostro, desfigurado por una bala. “Me quitó todos los dientes superiores.”

Las acciones de Orión atrajeron incluso condenas internacionales. En 2013, un grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios identificó a Orión como uno de los principales violadores de derechos humanos. “El grupo de trabajo se vio profundamente perturbado por la presunta participación de guardias de seguridad privados en el asesinato, desaparición, desalojo forzado e incluso violencia sexual a la que han sido sometidos los campesinos en el Bajo Aguán, a menudo actuando en concierto con la policía y el ejército”, dice el informe.

Las condenas internacionales obligaron a Melgar a cambiar de táctica. Registros de propiedad y comerciales revisados dan cuenta de que se idearon dos estrategias para mantener activa la empresa, que sigue funcionando hasta la fecha.

Lo primero fue cambiar el nombre. El único empleado de Orión condenado por homicidio, Rigoberto Rodríguez Tomé, fue descrito en 2016 por el Ministerio Público como jefe de seguridad de la empresa. La solicitud de la Fiscalía para una sentencia de culpabilidad describe la escena, basada en testimonios de sobrevivientes, del doble homicidio en noviembre de 2011, donde Rodríguez Tomé fue descrito como alguien que vestía el uniforme de Orión mientras conducía un pick up con logos de la compañía. Sin embargo, constancias de trabajo entregadas a la corte que ahora se encuentran en el expediente del condenado lo describen como jefe de seguridad “Sión”; también hay descripciones de las responsabilidades de Rodríguez Tomé: hacer patrullajes armados a la par de la empresa palmera ACEYDESA, que se corresponden con la escena del doble homicidio descrito por la Fiscalía. Sión se encuentra registrada a nombre de familiares de Melgar en La Lima, su hogar natal.

El segundo paso fue nombrar a miembros de su familia para que no apareciera su nombre. En 2011, la hija del militar, cuyo nombre se omite por seguridad, fue anexada como gerente general de Sión. La mujer, entonces, estudiaba para ser odontóloga en San Pedro Sula según registros empresariales en la Cámara de Comercio y en notas en redes sociales. En 2015, según esos mismos registros, la joven le otorgó poder de gerente general a su suegra.

Primero en el gobierno de Juan Orlando Hernández, luego en el de Xiomara Castro, parece que el coronel Melgar Urbina siempre cayó bien parado. Hoy, justo como la época en la que Melgar trabajaba en la zona, la guerra sucia ha regresado al Bajo Aguán. Durante el tiempo en que el coronel fue funcionario del gobierno de Xiomara Castro, por lo menos siete defensores del agua y la tierra en conflicto con Dinant y Pinares han sido asesinados, además de dos de sus familiares. Nadie ha sido arrestado por los asesinatos.