La Ceiba, Atlántida. El Ministerio Público (MP), la Dirección Policial de Investigación (DPI) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) siguen indiferentes y no ejecutan acciones de seguimiento a las denuncias y quejas, presentadas por múltiples familias intimidadas y amenazadas por activistas de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), en el Litoral Atlántico.

Las víctimas se han presentado a presentar denuncias y quejas ante las autoridades, ya que desde activistas de la OFRANEH han llegado hasta sus propiedades para exigirles bajo amenazas el desalojo de territorios ancestrales.

Durante los últimos meses, la OFRANEH promovió varias “recuperaciones” del territorio ancestral, mediante “campamentos” en zonas de San Juan, Tornabé y Triunfo de la Cruz, sin esperar que la Procuraduría General de la República (PGR) aplique el cumplimiento a las sentencias condenatorias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado de Honduras por no garantizar la el derecho a la propiedad colectiva.

En Triunfo de la Cruz (sector este de la bahía de Tela), El Estado se ha tardado en indemnizar a los propietarios de viviendas y desarrollos turísticos dentro de la comunidad garífuna, como lo propone la sentencia de la Corte IDH desde 2015), a fin de sanear la zona en beneficio de los garífunas, pero la OFRANEH no ha esperado la aplicación de la sentencia y se “han tomado la justicia por sus propias manos”, denuncian afectados.

En el año 2023, la Corte IDH falló, otra vez, a favor del pueblo garífuna en la comunidad de San Juan (sector oeste de la bahía de Tela) y permite al Estado indemnizar para sanear o compensar territorio en otra zona, a fin de no generar controversias y que la paz social no se quebrante.

Sin embargo, activistas de la OFRANEH andan con machetes e incluso armas de fuego, en la zona, para intimidar a los propietarios de viviendas, fincas y desarrollos turísticos, para exigir que desocupen los bienes inmuebles, que fueron adquiridos en negociaciones pacificas por generaciones anteriores.

“Mi hermano y su suegro, fueron víctimas en este conflicto, en donde los garífunas los tuvieron retenidos en nuestra misma propiedad, fueron intimidados con machetes y los acostaron boca abajo, gritaban que los iban a matar, porque eran usurpadores de ese terreno. Mi hermano heredó ese terreno, que mi padre compró lícitamente y poseía dominio pleno”, relata Josué Leiva, un afectado.

Añade que las autoridades fueron indiferentes, ya que como familia amenazada por activistas de la OFRANEH, llamaron a “la policía y sólo decían que no podían hacer nada”.

“Respetamos, como familia, los derechos ancestrales de la comunidad garífuna, pero también exigimos que ellos respeten nuestros derechos, nuestra seguridad y nuestro patrimonio que nosotros adquirimos de buena fe, no a base de engaños, ni usurpación, no a base de mentiras. Mi papá no llegó a apropiarse de ningún terreno, no llegó a robarse, no llegó a engañar a nadie. Mi papá con mucho sacrificio compró legalmente su propiedad, con escritura pública, hasta adquirió un dominio pleno”, reitera Leiva.

Recientemente, en San Juan, un activista de la OFRANEH llegó a intimidar a una moradora mestiza y la agredió física y psicológicamente,  la tomó del pelo, la empujó, le gritó y llegó a su vivienda.

Se conoció que la Unidad Metropolitana de Policía encargada de las operaciones en Tela, Arizona y Esparta (UMEP – 18), detuvo a algunos activistas de la OFRANEH, pero esas detenciones no pasaron de las 24, por presuntas faltas.

Dirigentes garífunas estarían ejerciendo presiones, para que no se giren órdenes de captura, amparados en los derechos humanos, denunciaron afectados.

La organización Defensores de la Paz en Tela (DEPAT) se articuló y sostuvo reuniones recientemente, para darle seguimiento a varias denuncias de presuntas amenazas, desplazamientos de familias, ocupaciones de propiedades y destrucción de cultivos en distintas comunidades de la Bahía de Tela, Atlántida.

Este año,  la OFRANEH  retomó la “recuperación” territorial que promueve, sin esperar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades garífunas.

 “Si el estado debe restituir determinadas tierras a la comunidad garífuna, también debe establecer conforme lo dice la Ley y las circunstancias de cada caso, ¿qué sucederá con las personas que adquirieron las propiedades legalmente, qué va a suceder con nosotros que adquirimos esa propiedad legalmente?, concluyó Josué Leiva, un afectado.   

Varios garífunas en la bahía de Tela aseguran que la OFRANEH es “ideológica y una organización política, plegada a la izquierda; que nunca les ha llevado desarrollo y educación o salud a  sus comunidades”; tampoco hubo acciones de protesta constantes y no se incidió en el cumplimiento de las sentencias.

“Varios dirigentes de esa OFRANEH son políticos del Partido Libre (Libertad y Refundación), eso todo mundo lo sabe y los han visto. Estuvieron en el poder y lo que hicieron fue meterse a trabajar en el Estado, conseguir becas para sus hijos, pero no gestionaron desarrollo para nuestras comunidades”, dijo una garífuna dedicada a la venta de pan y artesanías en Tela.

En la Gobernación Política de Atlántida, con sede en esta ciudad de La Ceiba, recientemente hubo plantones por parte de centenares de garífunas que pidieron al Poder Ejecutivo investigar la conducta violenta e intimidaciones de la OFRANEH en Cayos Cochinos, ya que la productora de un “programa de telerrealidad” fue expulsada de la zona, pese a tener el consentimiento de las comunidades y los comanejadores. “El rodaje de ese programa nos dio beneficios, nos dio trabajo y nos permitió dar a conocer nuestra cultura, ahora quedamos sin empleo y sin alimento para nuestras familias; ellos no hacían ningún daño. Yo le pregunto a la OFRANEH, cuándo nos ha gestionado algún beneficio comunitario; nunca…”, dijo un pescador de Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántida.