El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otras 13 personas por 21 imputaciones penales relacionadas con decisiones adoptadas durante la legislatura 2022-2026, especialmente por actuaciones de la Comisión Permanente y su intervención en asuntos electorales.

El expediente comprende a diputados, exdiputados y al exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edys Antonio Moncada Eguigure.

La investigación busca establecer si los señalados excedieron sus atribuciones legales al adoptar decisiones que, según la Fiscalía, correspondían al pleno del Congreso Nacional o a otras instituciones del Estado.

La magistrada Anny Belinda Ochoa fue designada jueza natural para conocer el proceso, que se desarrolla mediante un procedimiento especial debido a la condición de diputados de algunos imputados.

¿CUÁLES SON LOS DELITOS INVESTIGADOS?

Las 21 imputaciones corresponden a cuatro tipos de delitos, distribuidos de la siguiente manera:

• 13 imputaciones por usurpación de funciones: relacionadas con el presunto ejercicio de atribuciones que legalmente correspondían a otras autoridades.
• 6 por violación de los deberes de los funcionarios: vinculadas con actuaciones u omisiones presuntamente contrarias a las obligaciones del cargo.
• 1 por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones: atribuida a actuaciones que, según la acusación, afectaron el funcionamiento institucional.
• 1 por falsedad en documentos públicos: relacionada con la presunta certificación irregular de actuaciones legislativas.

La cantidad de imputaciones no significa que se investiguen 21 tipos diferentes de delitos. Tampoco constituye una declaración de culpabilidad.

¿QUIÉNES SON LOS 14 SEÑALADOS?

LOS HECHOS QUE ORIGINARON LA INVESTIGACIÓN

La investigación comprende varias actuaciones desarrolladas durante los últimos meses de la legislatura anterior.

1. Las convocatorias al pleno legislativo

La Fiscalía cuestiona presuntas omisiones en la convocatoria de sesiones ordinarias durante agosto, septiembre y octubre de 2025.

Uno de los aspectos investigados consiste en determinar si se respetaron las disposiciones legales relacionadas con el funcionamiento del Congreso y las solicitudes de convocatoria formuladas por diputados.

2. La conformación de la Comisión Permanente

Otro punto central es la instalación de la Comisión Permanente el 31 de octubre de 2025.

Según la tesis fiscal, las sesiones ordinarias habían sido prorrogadas hasta el 20 de enero de 2026, situación que genera cuestionamientos sobre las condiciones legales para la conformación y actuación de ese órgano legislativo.

3. La sesión extraordinaria de enero de 2026

El Ministerio Público también investiga una sesión celebrada el 8 de enero de 2026, en la que se reportó la presencia de 71 parlamentarios.

Aunque esa cantidad superaba el mínimo de 65 diputados requerido para integrar el cuórum, la Fiscalía cuestiona la legalidad de determinadas sustituciones de diputados propietarios por suplentes.

4. La intervención en el proceso electoral

Entre los hechos investigados figura la aprobación del decreto 58-2025, relacionado con la revisión y el recuento de resultados de las elecciones generales de 2025.

La acusación sostiene que la Comisión Permanente y los participantes en las actuaciones cuestionadas habrían intervenido en competencias correspondientes al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este punto plantea una discusión jurídica sobre los límites de las atribuciones legislativas frente a las responsabilidades de los organismos electorales.

5. La certificación de actuaciones legislativas

La Fiscalía atribuye a Luz Angélica Smith una presunta irregularidad relacionada con la certificación del cuórum de una sesión.

Los investigadores deberán demostrar si el documento cuestionado contenía información contraria a los hechos o a los requisitos legales aplicables.

6. Las publicaciones en La Gaceta

El expediente también incluye actuaciones atribuidas al entonces gerente de la ENAG, Edys Moncada, relacionadas con la publicación de decisiones legislativas y documentos vinculados con el proceso electoral.

Entre los hechos examinados figura la publicación del decreto 58-2025 el 9 de enero de 2026.

¿EN QUÉ ETAPA ESTÁ EL PROCESO?

El requerimiento fiscal fue presentado en octubre de 2026 y posteriormente se designó a la magistrada Anny Belinda Ochoa como jueza natural.

La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, prevista para este jueves 29 de octubre, fue suspendida después de que las defensas presentaran cuatro recursos de recusación contra la magistrada Anny Belinda Ochoa, designada jueza natural. Los abogados alegaron una presunta falta de imparcialidad debido a su supuesta vinculación con el Partido Nacional y a opiniones públicas que habría emitido sobre el caso.

El portavoz de la CSJ, Josué Salinas, informó que la magistrada deberá presentar un informe sobre los señalamientos y que la Corte de Apelaciones resolverá las recusaciones. Mientras se determina si Ochoa continuará conociendo el expediente, el proceso permanece pendiente de la audiencia de declaración de imputado. La suspensión no implica el retiro de las acusaciones ni una decisión sobre la culpabilidad de los señalados.

REDONDO Y OTROS ACUSADOS DENUNCIAN PERSECUCIÓN POLÍTICA

Luis Redondo y otros señalados han sostenido que el proceso responde a una presunta persecución política.

En declaraciones a Une TV, el expresidente del Congreso atribuyó las acciones en su contra a intereses de sectores políticos y económicos, afirmaciones que corresponden a su posición y no constituyen hechos judicialmente acreditados.

El caso también ha generado opiniones sobre las atribuciones de la Comisión Permanente y los límites constitucionales de sus decisiones.

En la columna ¡Nadie está sobre la ley!, publicada el 29 de octubre de 2026, Óscar Lanza Rosales recoge la posición de la exdesignada presidencial Doris Gutiérrez, quien considera que la Comisión Permanente se extralimitó al adoptar decisiones reservadas al pleno legislativo.

Gutiérrez también reconoció el derecho de los acusados a defenderse y señaló la importancia de que las autoridades actúen conforme a la Constitución y las leyes.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), por su parte, ha pedido que el proceso avance con transparencia y respeto al marco legal.

¿QUÉ DEBERÁ RESOLVER LA JUSTICIA?

El principal desafío del proceso será establecer si las actuaciones cuestionadas constituyeron decisiones legislativas amparadas por la ley o si implicaron el ejercicio indebido de competencias públicas.

La Fiscalía deberá presentar pruebas que permitan individualizar la participación de cada acusado y sustentar los delitos atribuidos.

Las defensas podrán cuestionar las acusaciones, presentar sus argumentos y ejercer los recursos establecidos por la legislación hondureña.

La decisión final corresponderá a los órganos judiciales competentes, que deberán resolver con independencia y respeto a las garantías procesales.

El caso de la Comisión Permanente representa una controversia sobre los límites del poder legislativo y su relación con las instituciones electorales. Más allá de sus implicaciones políticas, la investigación deberá determinar responsabilidades individuales mediante pruebas y resoluciones judiciales, sin que una acusación pueda confundirse con una condena.