“Quienes sacaron a la palestra pública el tema del proyecto de la Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones no tenían conocimiento de la normativa”, declaró el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez.

“Creo que hay una total desinformación. Para empezar en 2011 y 2012 se emitió la Ley de intervención de comunicaciones, en ese entonces, se facultó a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado, a través de la unidad de Intervención de las comunicaciones, de intervenir las comunicaciones con arreglo a ley”, señaló el funcionario.

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El secretario de Seguridad explicó que si la Policía Nacional tiene conocimiento de un secuestro mediante una denuncia, presenta a la Fiscalía la necesidad de la intervención de las comunicaciones por ese caso y esta revisa el componente técnico y jurídico de la misma y si mira que llena los requisitos, lo traslada a un juez competente.

“Es el juez competente quien determina si se interviene una comunicación o no”, indicó, para agregar que lo que se está discutiendo en la actualidad en el Congreso Nacional es “una ley que crea un banco de datos de los suscriptores de telefonía celular en el país”.

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Sánchez Velásquez refirió para el caso que, si él compra un chip y posteriormente lo da de alta con la telefonía celular, se registrará su huella dactilar, un reconocimiento facial y de iris.

“La ley consiste en que cuando hay un problema con un número telefónico que se dio un secuestro o un caso de extorsión, se solicita la intervención de esa comunicación que está en vigencia desde hace 11 años y las telefónicas celulares están en la obligación de pasarnos los datos en menos de 24 horas, porque no lo están haciendo, ese es el debate que hay ahorita”, aseguró.