Familias de San Juan, Tornabé y Triunfo de la Cruz, en Atlántida, denunciaron presuntas amenazas, intimidaciones y ocupaciones de propiedades que atribuyen a activistas de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), en medio de las disputas por territorios ancestrales garífunas.

Los afectados aseguran que han presentado denuncias ante el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), pero cuestionan la falta de respuestas efectivas.

DENUNCIAN AMENAZAS CON ARMAS

Josué Leiva, uno de los afectados, relató que su hermano y su suegro fueron presuntamente retenidos y amenazados con machetes dentro de una propiedad familiar.

“Los tuvieron retenidos en nuestra misma propiedad, fueron intimidados con machetes y los acostaron boca abajo”, denunció.

Leiva aseguró que el terreno fue adquirido legalmente por su padre y posteriormente heredado por su familia.

“Respetamos, como familia, los derechos ancestrales de la comunidad garífuna, pero también exigimos que ellos respeten nuestros derechos, nuestra seguridad y nuestro patrimonio”, expresó.

El documento también recoge denuncias de presuntas agresiones contra residentes de San Juan y señalamientos sobre amenazas y destrucción de cultivos.

SENTENCIAS DE LA CORTE IDH SIGUEN EN EL CENTRO DEL CONFLICTO

Las controversias territoriales están relacionadas con el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades garífunas.

En 2015, el tribunal internacional emitió una sentencia sobre Triunfo de la Cruz y, en 2023, otra relacionada con San Juan, estableciendo obligaciones para el Estado hondureño en materia de propiedad colectiva.

Los denunciantes sostienen que la demora estatal en ejecutar las resoluciones ha prolongado los conflictos con personas que aseguran haber adquirido propiedades legalmente.

Por ello, solicitan que las autoridades definan mecanismos de restitución y, cuando corresponda, compensación a terceros conforme a la ley.

PIDEN INVESTIGACIONES Y PROTECCIÓN

La organización Defensores de la Paz en Tela (DEPAT) también ha dado seguimiento a denuncias sobre presuntas amenazas, desplazamientos de familias, ocupaciones de terrenos y daños a cultivos.

El documento menciona, además, cuestionamientos de algunos pobladores de Cayos Cochinos hacia actuaciones atribuidas a OFRANEH que habrían afectado actividades económicas relacionadas con una producción televisiva.

Los afectados exigen que el Ministerio Público y las autoridades policiales investiguen las denuncias, protejan a las familias y aclaren la situación jurídica de los terrenos.

El conflicto plantea al Estado el desafío de cumplir las sentencias internacionales que protegen los derechos territoriales garífunas, sin desatender la seguridad y las garantías legales de terceros involucrados.

Las acusaciones contra activistas de OFRANEH corresponden a testimonios de denunciantes y no constituyen responsabilidades judicialmente comprobadas. El documento no incluye la versión de la organización ni respuestas oficiales de las instituciones señaladas.