MP presenta requerimientos fiscales contra Gladis Aurora, Lisandro Rosales y otros


En conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el Ministerio Público (MP) de Honduras, a través de las fiscalías anticorrupción, presentó este lunes una serie de requerimientos fiscales y ejecutó órdenes de captura contra exfuncionarios, una exdiputada, exmagistrados, operadores de justicia, sindicalistas, policías y particulares acusados de perjuicios al Estado.

Principales acusados

  • Gladys Aurora López, exdiputada, es acusada por la Fiscalía Especial Contra la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de malversación de fondos destinados a un proyecto energético en La Ceibita, La Paz, que fue desviado para uso privado en San Pedro Sula.
  • Norma Agripina García, secretaria municipal de Tocoa, enfrenta cargos por falsificar un acta de cabildo abierto en 2016 para favorecer proyectos mineros de la empresa Ecotek/Pinares mediante una licencia ambiental ilícita.
  • Bayron Hernández Castañeda, juez municipal de Santa Rosa de Copán, está acusado de concusión por utilizar a privados de libertad y menores infractores en trabajos para construir su vivienda.
  • Cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (2016-2023) fueron señalados por prevaricato judicial; no se revelaron sus nombres.
  • Un fraude de más de 80 millones de lempiras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) involucra transferencias ilícitas a cuentas personales.

Otros casos destacados

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusó a Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de Copeco, y otros exfuncionarios por desviar fondos de un préstamo del BID destinado a puentes para mitigar desastres naturales.

También se imputaron cargos a Héctor Ramón Ventura Henríquez y José Alberto Zelaya Guevara por lavado de activos relacionado con el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir la corrupción y buscar justicia en los casos que afectan los recursos del Estado y los derechos de los ciudadanos.


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