La crisis institucional nicaragüense alcanza este miércoles 5 de agosto un nuevo punto crítico en la arena internacional, ante una comunidad internacional que busca frenar la constitución de una dictadura dinástica familiar en América.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reúne de emergencia hoy para evaluar la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de clausurar la vía electoral y consolidar una estructura dinástica.

La sesión extraordinaria, promovida directamente por la delegación de Estados Unidos, responde al anuncio explícito del régimen nicaragüense sobre el fin de los procesos electorales competitivos.

El eje del debate es el borrador de reforma constitucional que amplía el periodo presidencial a siete años renovables y legitima la co-presidencia de la pareja gobernante.

Un movimiento diplomático sin precedentes

Expertos en política exterior coinciden en que la acción de Washington representa un giro inédito dentro del sistema interamericano.

Por primera vez en la historia reciente, Estados Unidos busca convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para contrarrestar la abolición de la alternancia democrática en un país del hemisferio.

El documento oficial presentado por la representación estadounidense sostiene que las acciones de Managua son un “rechazo directo” al derecho ciudadano a la libre elección de sus gobernantes.

La propuesta fija cinco prioridades: condenar la deriva autoritaria, alertar sobre el quiebre institucional, citar a los cancilleres del continente y formalizar medidas diplomáticas colectivas.

Una batalla clave por la mayoría absoluta en la OEA

Activar formalmente la cumbre de cancilleres exige un respaldo mayoritario dentro del Consejo Permanente.

Países como Argentina, Paraguay, Panamá y Uruguay se unieron rápidamente como copatrocinadores de la resolución estadounidense, mientras que Costa Rica sumó su respaldo público.

En forma paralela, diez naciones de la región emitieron una declaración coordinada señalando que un proceso electoral carente de pluralismo y competencia no puede ser considerado legítimo ni representativo de la voluntad popular.

Entre los firmantes destacan Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay.

Todos coincidieron en que desmontar las garantías electorales contradice de forma directa los principios fundacionales de la Carta de la OEA.