La propuesta de congelar durante seis meses el impuesto aplicado a los combustibles abriría un faltante estimado de L6,600 millones en las finanzas públicas, según advirtió el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

El funcionario sostiene que el debate no debe concentrarse únicamente en cuánto podría reducirse el precio pagado por los consumidores, sino también en determinar de dónde saldría el dinero para compensar los ingresos que el Estado dejaría de recibir.

“Esos 6,600 no es que estén de gratis, hay que pagarlos”, manifestó Hernández Hércules.

La propuesta se encuentra en discusión en el Congreso Nacional y Finanzas pide que cualquier decisión sea acompañada de un análisis presupuestario.

¿QUÉ SIGNIFICARÍAN L6,600 MILLONES MENOS?

Según Hernández Hércules, suspender temporalmente el impuesto implicaría dejar de percibir recursos que actualmente forman parte del financiamiento del presupuesto público.

Por eso, si la iniciativa avanza, el Gobierno tendría que identificar qué partidas podrían modificarse para compensar la reducción de ingresos.

El funcionario mencionó entre las áreas que podrían verse afectadas salarios, inversión, educación e infraestructura, aunque no señaló que exista hasta ahora una decisión de recortar específicamente alguno de esos rubros.

Ese será uno de los puntos centrales del debate: reducir la carga que enfrentan los consumidores en las estaciones de servicio sin trasladar el costo hacia otras obligaciones del Estado.

EL SUBSIDIO YA DUPLICÓ LO PRESUPUESTADO

La presión sobre las finanzas públicas no comienza con la propuesta del Congreso.

Hernández Hércules informó que el Gobierno está cubriendo actualmente el 70 % del incremento semanal en el precio de los combustibles.

Para ese mecanismo inicialmente fueron presupuestados L680 millones.

Sin embargo, según Finanzas, el gasto ya ronda los L1,300 millones, prácticamente el doble de lo previsto inicialmente, y todavía falta el último trimestre del año.

Esto obligará a Finanzas a realizar nuevas proyecciones y evaluar modificaciones internas para mantener el apoyo.

DOS FORMAS DE REDUCIR EL IMPACTO, DOS COSTOS PARA EL ESTADO

El debate plantea dos mecanismos diferentes.

Por un lado está el subsidio que ya utiliza recursos públicos para absorber parte de las alzas semanales. Por otro, el Congreso analiza congelar temporalmente el impuesto, lo que reduciría los ingresos que recibe el Estado.

En ambos casos existe un costo fiscal. La diferencia está en cómo se financia cada medida y cuánto tiempo podría sostenerse sin afectar otras obligaciones presupuestarias.

FINANZAS PIDE QUE EL CONGRESO CONSULTE ANTES DE DECIDIR

Hernández Hércules manifestó disposición para discutir alternativas, pero pidió que el Congreso consulte a Finanzas antes de aprobar una decisión con impacto sobre los ingresos públicos.

“Instamos al Congreso Nacional a que, previo a tomar una determinación que afecte fiscalmente los recursos del pueblo hondureño, se remita a la Secretaría de Finanzas”, expresó.

La discusión sobre los combustibles entra así en una nueva etapa: además de determinar cómo reducir el impacto de los precios sobre hogares, transportistas y empresas, Gobierno y Congreso tendrán que definir quién absorbería el costo de las medidas y de dónde saldrían los recursos.