La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aprehendió en El Progreso, Yoro, a un adolescente presuntamente involucrado en el asesinato del abogado hondureño René Altamirano Interiano, ocurrido el 6 de febrero de 2026 en el barrio Medina de San Pedro Sula. Las investigaciones señalan que el menor habría desempeñado funciones de vigilancia y apoyo durante la ejecución del crimen.

– La nueva aprehensión se suma a la condena de 20 años de prisión impuesta a Franklin Eduardo Ramírez Majano, identificado como autor material del asesinato. Sin embargo, las autoridades todavía buscan esclarecer quién habría ordenado el ataque y si participaron otras personas.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, en el barrio El Centro de El Progreso, frente a las instalaciones de una universidad privada.

La operación se desarrolló como parte de las acciones de la denominada Operación Escudo.

Según el informe policial, la orden de aprehensión fue emitida el 26 de octubre de 2026 por los Juzgados de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés.

Al adolescente se le atribuyen presuntas infracciones penales de asesinato y asociación para delinquir.

Su responsabilidad deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente, conforme a las disposiciones especiales aplicables a menores de edad.

ASÍ HABRÍAN PLANIFICADO EL ASESINATO

Las investigaciones de la DPI apuntan a que el crimen fue ejecutado mediante una distribución de funciones entre varias personas.

El 6 de febrero, el abogado René Altamirano se encontraba en las inmediaciones de una pulpería del barrio Medina, cerca de su despacho jurídico, cuando fue atacado.

Según la reconstrucción policial, uno de los sospechosos se aproximó al profesional del derecho para ejecutar el ataque, mientras otro permanecía en una motocicleta.

El adolescente recientemente aprehendido habría tenido la responsabilidad de vigilar los movimientos en el sector y brindar apoyo al atacante.

Posteriormente, presuntamente colaboró para facilitar la salida de los involucrados.

La DPI considera que estas acciones formaron parte de una operación coordinada, aunque la participación individual del menor todavía deberá ser evaluada por las autoridades judiciales.

VIDEOS PERMITIERON RECONSTRUIR LOS MOVIMIENTOS

Una de las principales herramientas utilizadas durante las investigaciones fueron las grabaciones obtenidas de cámaras de vigilancia.

El Ministerio Público presentó registros audiovisuales que permitieron reconstruir parte del recorrido de los sospechosos desde El Progreso hasta San Pedro Sula.

Los investigadores también realizaron allanamientos durante marzo, en los que decomisaron dos motocicletas presuntamente utilizadas por los involucrados.

Además, encontraron prendas de vestir, calzado y teléfonos celulares que fueron incorporados a las diligencias investigativas.

Estos elementos permitieron documentar movimientos relacionados con el crimen y respaldar las actuaciones judiciales desarrolladas contra uno de los participantes.

AUTOR MATERIAL FUE CONDENADO A 20 AÑOS

El caso ya cuenta con una sentencia condenatoria contra Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años, capturado el 17 de marzo de 2026 en El Progreso.

Las autoridades policiales lo identificaron como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y lo vincularon directamente con el asesinato del abogado.

Posteriormente, Ramírez Majano aceptó su responsabilidad penal mediante un procedimiento abreviado.

El 19 de junio de 2026 recibió una condena de 20 años de prisión por el delito de asesinato.

De acuerdo con información divulgada durante las investigaciones, el condenado habría recibido 50,000 lempiras por participar en el crimen.

Sin embargo, la sentencia no significó el cierre de todas las líneas investigativas, debido a que las autoridades continuaron buscando a otros posibles participantes.

¿QUIÉN ORDENÓ ASESINAR AL ABOGADO?

Una de las principales interrogantes que todavía rodean el caso es la identidad de la persona que habría ordenado el asesinato.

Desde febrero, las autoridades examinaron diferentes hipótesis sobre las posibles motivaciones del ataque.

Entre ellas figuraba una eventual represalia relacionada con conflictos entre estructuras criminales.

Por otra parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, planteó públicamente la posibilidad de que el crimen estuviera vinculado con conflictos de tierras en el departamento de Cortés.

También surgió durante las investigaciones información sobre la posible existencia de un segundo objetivo.

No obstante, ninguna de estas hipótesis permite establecer de manera concluyente quién ordenó el asesinato ni cuál fue su motivación.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA ABIERTA

La aprehensión del adolescente representa una nueva actuación dentro de las investigaciones destinadas a identificar a las personas que presuntamente participaron en la planificación, vigilancia, ejecución y posterior huida de los responsables.

El menor deberá comparecer ante la jurisdicción competente para que se determine su situación legal.

Mientras tanto, las autoridades deberán continuar reuniendo pruebas que permitan esclarecer las responsabilidades de otros posibles involucrados.

A más de nueve meses del asesinato de René Altamirano, el expediente cuenta con una condena de 20 años de prisión y una nueva aprehensión, pero permanece sin respuesta pública definitiva una de las preguntas centrales del caso: quién ordenó quitarle la vida al profesional del derecho.