**Propietarios en Tela “no van a correr a entregar” sus tierras

*** Las resoluciones internacionales no deberían interpretarse como una orden para que cualquier propietario privado

*** “No es cierto lo que dice Miriam Miranda y sus aliadas de que son perseguidas, que son víctimas y que les están quitando la tierra”.

Tegucigalpa, Honduras.— El escritor y analista César Indiano, cuestionó las reclamaciones territoriales vinculadas a comunidades garífunas en Tela y sostuvo que las personas y empresas que poseen propiedades e inversiones en la zona no entregarán automáticamente sus bienes como consecuencia de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos.

Indiano expresó esa posición al referirse a las controversias por tierras en comunidades garífunas del litoral atlántico y a los fallos internacionales que obligan al Estado hondureño a adoptar medidas relacionadas con la propiedad colectiva.

“No es que la gente va a correr de rodillas a entregarle sus empresas, sus cañeras, sus plantas de palma. La gente no va a correr, la gente no va a entregarles eso”, afirmó el analista.

INDIANO CUESTIONA LOS FALLOS Y LAS DENUNCIAS

El escritor sostuvo que las resoluciones internacionales no deberían interpretarse como una orden para que cualquier propietario privado entregue inmediatamente sus terrenos o inversiones.

Indiano fue más allá y calificó las decisiones como basadas, a su juicio, en “prejuicios” que podrían generar conflictos sobre la propiedad. Esta valoración corresponde a la posición del analista y no a una conclusión establecida por la Corte Interamericana.

También cuestionó las denuncias realizadas por la dirigente garífuna Miriam Miranda y otros representantes comunitarios sobre persecución y pérdida de tierras.

“No es cierto lo que dice Miriam Miranda y sus aliadas de que son perseguidas, que son víctimas y que les están quitando la tierra”, manifestó Indiano.

¿QUÉ DICEN REALMENTE LAS SENTENCIAS?

La controversia requiere diferenciar las opiniones de los sectores involucrados de lo establecido jurídicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En el caso de Triunfo de la Cruz, la Corte declaró en 2015 responsable internacionalmente al Estado de Honduras por violaciones al derecho a la propiedad colectiva, entre otras razones por problemas en la delimitación, demarcación, titulación y garantía del uso efectivo de tierras reconocidas como tradicionales de la comunidad.

En otro proceso relacionado con Tela, la Corte determinó en 2023 que Honduras vulneró derechos de la Comunidad Garífuna de San Juan, incluyendo la propiedad colectiva y la participación en asuntos que afectaban su territorio.

Por tanto, la existencia de esos fallos no equivale por sí sola a una transferencia automática e indiscriminada de todas las propiedades privadas de Tela a las comunidades garífunas. La ejecución de las sentencias corresponde al Estado y debe realizarse conforme a las reparaciones y procedimientos establecidos en cada caso.

PROPIEDAD COLECTIVA Y DERECHOS DE TERCEROS

Uno de los puntos sensibles del conflicto es precisamente qué ocurre cuando existen derechos territoriales reclamados por una comunidad y, al mismo tiempo, propiedades que están en manos de terceros.

La propia jurisprudencia de la Corte IDH contempla situaciones en las que tierras tradicionales han sido legítimamente transferidas a terceros de buena fe, lo que obliga a analizar los derechos en conflicto y las medidas de restitución o compensación correspondientes; no establece como regla general que cualquier particular deba simplemente abandonar su propiedad.

Este elemento adquiere relevancia para empresarios, inversionistas y propietarios de Tela que buscan conocer cuál será el alcance concreto de la ejecución de las sentencias.

INDIANO TAMBIÉN CUESTIONA OCUPACIONES

Durante sus declaraciones, Indiano afirmó además que se habrían producido ocupaciones de propiedades en Triunfo de la Cruz, aunque no presentó en las declaraciones proporcionadas documentación que permita verificar de manera independiente la cifra de siete propiedades que mencionó.

El analista también se refirió a la situación de Cayos Cochinos, donde cuestionó el crecimiento de asentamientos humanos dentro de áreas sometidas a regulaciones ambientales.

Según su versión, lugares que originalmente tenían un número reducido de pescadores terminaron convirtiéndose en comunidades más numerosas después de que durante años se tolerara la construcción de viviendas.

Estas afirmaciones corresponden a la valoración de Indiano y deben diferenciarse de las determinaciones judiciales y administrativas sobre la propiedad, ocupación y manejo ambiental de esos territorios.

EL DEBATE QUE QUEDA ABIERTO EN TELA

La disputa coloca frente a frente asuntos jurídicamente sensibles: los derechos de propiedad colectiva reconocidos a las comunidades garífunas, los derechos que puedan corresponder a terceros y la obligación del Estado hondureño de cumplir las sentencias internacionales.

La Corte IDH mantiene bajo supervisión el cumplimiento del caso Triunfo de la Cruz, por lo que el debate no se reduce a determinar quién reclama determinado terreno, sino a establecer cómo Honduras ejecutará las medidas ordenadas respetando el marco jurídico aplicable.