El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) solicitó al Ministerio Público abrir una investigación sobre las denuncias de supuestas presiones e injerencias en el proceso judicial que enfrenta el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, al considerar que, de confirmarse, representarían una amenaza para la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho.

En un pronunciamiento público, el gremio expresó su preocupación por los señalamientos realizados por la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y la Junta Proponente para la Defensa de los Derechos Humanos (JOPRODEHU), organizaciones que denunciaron posibles interferencias para alterar el desarrollo del caso.

El CPH calificó de grave que las acusaciones apunten a presuntas actuaciones de altos funcionarios del sistema judicial orientadas a influir en el proceso y, particularmente, en la reprogramación de la audiencia de declaración de imputados del exjerarca militar. En ese sentido, demandó que los hechos sean esclarecidos mediante una investigación transparente e imparcial.

Asimismo, el colegio profesional sostuvo que ningún juez debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o presiones por el ejercicio de sus funciones, por lo que insistió en que la administración de justicia debe desarrollarse sin interferencias de carácter político, militar o de cualquier otra naturaleza.

Además de requerir una investigación independiente, el CPH pidió que se garantice la seguridad del juez a cargo del expediente, la transparencia del proceso y el respeto irrestricto a la autonomía judicial. También subrayó que la resolución del caso debe sustentarse exclusivamente en la Constitución, la legislación vigente y las pruebas presentadas.

Por su parte, ASOPODEHU y JOPRODEHU afirmaron haber recibido información sobre una supuesta injerencia en el proceso penal seguido contra Roosevelt Hernández. Según ambas organizaciones, el juez de la causa habría sido objeto de amenazas para modificar el curso del procedimiento, situación que —aseguran— derivó en la reprogramación de la audiencia sin una nueva fecha establecida.

Las organizaciones también exhortaron al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia a investigar las denuncias, proteger tanto al juez como a las personas denunciantes y garantizar que el proceso continúe con apego a la ley. De igual forma, solicitaron el acompañamiento de organismos internacionales, misiones diplomáticas y entidades de derechos humanos para dar seguimiento al desarrollo del caso.