Tegucigalpa — 1 de junio de 2026. El Poder Judicial confirmó este lunes que 11 exmiembros de la desaparecida Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron declarados culpables por su participación en un operativo irregular en el que se implantaron evidencias y se cometió robo en perjuicio de dos ciudadanos filipinos.

El portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas, informó que los exagentes enfrentan condenas por distintos delitos, por lo que las audiencias de individualización de pena se desarrollarán en fechas separadas.

Los condenados

El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró culpables a:

• Bertha Janina Alemán Antúnez
• Yony Omar Raudales Núñez
• Nerys Desiderio Mejía Rodríguez
• Fernando Josué Castellanos Canales
• Wilmer Joel López Gómez
• Esdras Sadrat Amaya Martínez
• Evely Dalian Triminio Gonzales
• Andy Josué Pérez Zelaya
• Elvin Antonio Ramos
• Wuilson Isaac Bonilla Hernández
• Lener Gilberto Quintanilla Gallardo

El origen del caso

El proceso penal se remonta al 13 de noviembre de 2023, cuando los agentes ingresaron sin orden judicial a una vivienda en la colonia Real del Puente, en Villanueva, Cortés. Según la investigación fiscal, durante la intervención se cometieron múltiples violaciones a derechos fundamentales, incluyendo:

• Allanamiento ilegal
• Robo con violencia e intimidación agravada
• Privación ilegal de la libertad
• Falsificación de documentos públicos
• Tortura

Las autoridades sostienen que la víctima fue sometida a agresiones físicas y posteriormente despojada de sus pertenencias, mientras los agentes fabricaban evidencias para justificar la intervención.

Reestructuración policial tras el escándalo

El caso se convirtió en uno de los detonantes para que el presidente Nasry Asfura ordenara la cancelación definitiva de la Dipampco durante una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

En su lugar, el Gobierno instruyó la creación de una división antiextorsión adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el objetivo de reorganizar las funciones y evitar abusos como los registrados en este expediente.