La presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso Nacional, Sarai Espinal, confirmó que a partir de este viernes entrará en vigencia el bloqueo total de llamadas telefónicas originadas desde los centros penitenciarios del país, una medida que busca frenar la extorsión y el uso de dispositivos ilegales dentro de las cárceles.

Según la congresista, las empresas de telecomunicaciones Tigo, Claro y Starlink ya formalizaron su compromiso técnico y legal para ejecutar el bloqueo, incluyendo la interrupción de llamadas satelitales, un tipo de comunicación que hasta ahora escapaba al control de las operadoras tradicionales.

Starlink firma compromiso para bloquear llamadas satelitales

Espinal detalló que Starlink entregó un documento firmado al Congreso Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario (INP) en el que se compromete a aplicar el bloqueo de comunicaciones satelitales que pudieran originarse desde los centros penales.

Este punto es clave porque, según la diputada, las estructuras criminales estaban utilizando antenas y equipos satelitales para evadir los bloqueadores convencionales instalados por las operadoras móviles.

La legisladora afirmó que desde este viernes “ya hay bloqueo” y que no deberían registrarse llamadas salientes desde los centros penitenciarios.

“Cada llamada que sale de los centros penitenciarios está siendo escuchada por un equipo de inteligencia de comunicaciones militares”, advirtió Espinal, dirigiéndose directamente a las estructuras criminales.

También señaló que con el nuevo esquema de control no debería ingresar ningún aparato celular ni antena satelital a los recintos.

Endurecimiento de sanciones para custodios y directores penitenciarios

La Comisión de Telecomunicaciones trabaja en reformas para establecer penalidades específicas contra custodios, directores y funcionarios penitenciarios que faciliten o permitan el ingreso de teléfonos, antenas u otros dispositivos prohibidos.

Espinal cuestionó cómo es posible que equipos de gran tamaño, como antenas satelitales, hayan ingresado a centros penales sin responsabilidad administrativa o penal para quienes estaban a cargo.

Representantes de Tigo y Claro informaron a la comisión que ambas compañías han invertido en:

• Controladores de señal
• Bloqueadores reforzados
• Actualización de infraestructura dentro de los centros penitenciarios

Las empresas se comprometieron a continuar colaborando con las nuevas disposiciones para combatir la extorsión.

86 llamadas extorsivas detectadas desde la llegada del general Lacayo

La diputada reveló que, desde que el general Amador Lacayo asumió la dirección del sistema penitenciario, se han identificado 86 llamadas salientes vinculadas a extorsión.

De estas, entre 30 y 38 provenían de cabinas autorizadas para comunicación con familiares y abogados, lo que evidencia fallas en los controles internos.

Espinal confirmó que la Policía Militar continuará operando de forma directa dentro de los centros penitenciarios, y aseguró que con las nuevas medidas “ya no se tendrán excusas” para impedir el ingreso de dispositivos ilegales.

El objetivo es fortalecer el control penitenciario mientras se implementan las reformas legales y tecnológicas en curso.