** Homicidios aumentaron 22% y suicidios 7.3%, en 2025

** 1,650 niños y adolescentes evaluados por delitos sexuales

Tegucigalpa.- Las cifras de violencia contra la niñez y adolescencia en Honduras vuelven a encender las alarmas y suponen la articulación y ejecución de medidas de prevención del flagelo entre diferentes actores públicos y de sociedad civil para la atención de casos y protección de víctimas.

Durante 2025, un total de 665 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años murieron por causas externas, un incremento de 17.9 % frente al año anterior, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Los datos fueron presentados este 9 de septiembre durante el foro “Cifras que exigen acción: Evidencias, desafíos y respuestas frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes en Honduras”, que reunió a instituciones y organizaciones vinculadas con la protección de la infancia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El Boletín No. 4 sobre violencia contra niños y niñas revela que el 71.3% de las víctimas mortales fueron varones y que los siniestros viales constituyeron la principal causa de muerte, con 225 casos: 178 niños y 47 niñas.

La situación también muestra un fuerte impacto entre adolescentes que conducen motocicletas. Un total de 105 jóvenes de entre 13 y 17 años murieron mientras conducían: 100 iban en motocicleta y cinco en otros vehículos. Esta cifra representó un aumento de 64.1 % respecto al año anterior.

HOMICIDIOS DE MENORES

Otra de las principales señales de alerta es el incremento de los homicidios. Durante 2025 fueron asesinados 161 niños, niñas y adolescentes, un aumento de 22% en comparación con 2024.

Los adolescentes de entre 12 y 17 años concentraron el 78.9% de las víctimas y el arma de fuego fue utilizada en el 62.7% de los homicidios. El Distrito Central registró 34 casos y San Pedro Sula 13.

Además, el 22.4% de las muertes estuvo relacionado, como posible móvil identificado con maras, mientras que 39.8% de los homicidios todavía permanecía bajo investigación.

Las muertes por suicidio también crecieron. En 2025 se contabilizaron 44 casos, 7.3% más que el año anterior, de los cuales 25 correspondieron a niñas y 19 a niños.

“DE LOS LAMENTOS A LA ACCIÓN”

Para Ricardo Coello, director de proyectos de Casa Alianza, la dimensión del problema debe analizarse tomando en cuenta que la niñez y adolescencia representan una parte considerable de la población hondureña.

“Si podemos resaltar que el 40% de la población nacional son niños y adolescentes, de ahí la magnitud de la situación que estamos viendo en estos momentos. Aparte de ello, vemos cómo los picos de violencia han estado repuntando y que, lastimosamente, las políticas de prevención no existen en nuestro país”.

Coello señaló que Honduras cuenta con el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia (Sigadenah), pero consideró necesario que exista una actuación conjunta y efectiva de las instituciones en todo el territorio nacional.

El representante de Casa Alianza hizo un llamado para que las cifras presentadas no se queden únicamente en diagnósticos y pidió mayor participación del Estado y la sociedad civil.

“Debemos pasar de lamentarnos de estas cifras terribles que tenemos de muertes de niños en accidentes, a través de armas de fuego o suicidios, y del alto repunte de violencia sexual hacia los niños y las niñas de este país, y pasar a la acción”.

El especialista planteó: “¿qué vamos a hacer?, ¿qué podemos hacer?”, ´para contestarse que “nosotros como sociedad civil estamos comprometidos y estamos tratando de hacer bien las cosas, pero no es suficiente; es necesaria la voluntad política”.

VIOLENCIA SEXUAL Y NIÑAS

El boletín también evidencia la dimensión de la violencia sexual. Medicina Forense realizó durante 2025 un total de 1,650 evaluaciones por delitos sexuales a menores de 18 años, y las niñas representaron el 88.1 por ciento de las víctimas.

Un elemento particularmente preocupante es que el 79.3% de los agresores sexuales identificados pertenecía al entorno cercano o círculo de confianza de las víctimas, incluyendo familiares y conocidos.

También se registraron 1,253 evaluaciones por lesiones personales, 473 por maltrato a menores y 134 adolescentes víctimas de lesiones físicas provocadas por parejas o exparejas en contextos de uniones tempranas o cohabitación.

Por su parte, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recibió 1,905 denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes. En tanto, Francisco Morazán concentró el 38.3% de los casos y Cortés el 18.5%.

2026, SEÑALES DE ALERTA

Los datos preliminares correspondientes a enero-junio de 2026 indican que 298 menores de 18 años perdieron la vida de manera violenta o por causas externas.

Los eventos de tránsito nuevamente aparecen como la principal causa, con 113 víctimas, seguidos de 74 homicidios. En estos últimos, el 75.7 % de las víctimas murió por arma de fuego.

En apenas seis meses también se contabilizaron 36 suicidios de menores de edad y 39 muertes no intencionales.

Para Coello, las cifras obligan a revisar no solamente las respuestas frente al delito, sino las estrategias preventivas dirigidas específicamente a la infancia.

“Es necesario revisar esa estrategia de seguridad, pero sobre todo esa estrategia de prevención hacia los niños y las niñas de nuestro país”.

El funcionario de Casa Alianza agregó otro factor de vulnerabilidad: 1.3 millones de niños y niñas no pudieron ingresar al sistema educativo formal en 2026, situación que, a su criterio, incrementa los riesgos sociales que enfrenta esta población.

“Son niños y niñas que ahí están en riesgo, que en nuestras comunidades la seguridad para los niños y las niñas no existe. (…). Son el hoy de Honduras, pero ¿qué les estamos deparando para el futuro, a ellos y a nuestro país?”.

QUÉ HACE SENAF?

En medio de este escenario, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ha retomado durante 2026 la articulación institucional mediante el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah).

El sistema fue reactivado el 7 de abril y reúne a más de 40 instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil. Entre las prioridades definidas se encuentra precisamente la reactivación de la Comisión de Prevención de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia, además de acciones para atender a menores en condiciones de vulnerabilidad.

Actualmente, la Senaf lidera y coordina el Sigadenah, junto a instituciones públicas, gobiernos municipales, sociedad civil y cooperación internacional, para que las políticas, programas y servicios de protección a la niñez en los diferentes territorios.

ALERTA AMBER

Dentro de esa estructura también avanza el Plan Operativo Anual 2026-2027 de la Comisión de Protección y Prevención de Violencia, que contempla acciones interinstitucionales con un presupuesto estimado de 127.7 millones de lempiras, provenientes de recursos nacionales y cooperación internacional.

Entre los avances reportados figura la revisión de la implementación de la Alerta AMBER, el fortalecimiento del modelo especializado de investigación de delitos contra menores y acciones para prevenir la violencia sexual.

La misma Senaf informó recientemente que mantiene acercamientos con el Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), de la UNAH, alrededor de los datos del Boletín de Violencia contra la Niñez 2025-2026, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y orientar acciones de prevención y protección integral.

Estas acciones se enmarcan además en la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia 2024-2033, que establece entre sus objetivos proteger a la niñez frente a la violencia, explotación, abuso y negligencia y fortalecer los mecanismos para restituir derechos cuando estos sean vulnerados.

Para las organizaciones que trabajan con la infancia, sin embargo, el desafío no se limita a contar con leyes, planes o sistemas institucionales. El planteamiento surgido durante el foro apunta a que Honduras necesita políticas permanentes de prevención que trasciendan los períodos de gobierno y tengan continuidad más allá de cada cuatro años.

Las cifras de 2025 y los primeros datos de 2026 colocan así el desafío en pasar del diagnóstico a una respuesta sostenida: prevenir la violencia en las comunidades, mantener a los menores dentro del sistema educativo, atender oportunamente las denuncias y garantizar que las instituciones responsables de la protección de la infancia actúen de manera coordinada.