
Congresista Republicano presenta ley para suspender ayuda a Honduras
El congresista republicano Andy Ogles ha presentado una nueva ley en respuesta a las declaraciones de la presidenta hondureña Xiomara Castro sobre la posibilidad de cerrar la Base Aérea Soto Cano si el presidente electo Donald Trump procede con deportaciones masivas de inmigrantes hondureños ilegales. La noticia fue publicada por Breitbart News Network, un portal conocido por sus noticias y comentarios políticos.
Desde principios de la década de 1980, la Base Aérea Soto Cano, cerca de Comayagua, ha sido una presencia militar estadounidense con el propósito de combatir el crimen organizado transnacional, proporcionar ayuda humanitaria y apoyar otras operaciones gubernamentales de EE.UU. En la actualidad, la base alberga a más de 500 militares estadounidenses y un número similar de civiles de ambos países.
Según Breitbart, desde el año fiscal 2001, Estados Unidos ha enviado alrededor de $2.7 mil millones en ayuda a Honduras. Sin embargo, la presidenta Castro comentó recientemente que la base «perdería toda razón de existir» en caso de que se llevaran a cabo las deportaciones prometidas por Trump.
En respuesta, Ogles redactó la «Ley de Honduras Obstinadamente Descuida la Defensa y Corre el Riesgo de Alienar la Seguridad (Honduras)», que permite al presidente estadounidense suspender toda asistencia a Honduras si se retira el personal militar y civil de la base Soto Cano debido a la negativa del gobierno hondureño. Esta ley es copatrocinada por María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental.
El proyecto de ley incluye la suspensión de cualquier asistencia bajo el acuerdo bilateral de asistencia militar de 1954 entre ambos países. Ogles, en declaraciones a Breitbart, calificó a Castro de «marxista» y subrayó que EE.UU. no permitirá que se le dicten condiciones por parte de Honduras, especialmente en cuestiones que afectan la seguridad nacional estadounidense.
Se estima que hay más de un millón de hondureños en Estados Unidos, con cerca de 280,000 en riesgo de deportación, lo cual representa una parte significativa de la población de Honduras, que es de aproximadamente 9.5 millones.
Esta legislación refleja tensiones diplomáticas y de política exterior entre ambos países en un contexto de cambios políticos en Estados Unidos.