Esta ley no solo desafía las sanciones internacionales, sino que también pone en jaque al sistema financiero de Nicaragua.

El régimen de Daniel Ortega ha dado un nuevo paso en su intento de desafiar las sanciones internacionales con la propuesta de iniciativa “Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas”. 

Esta medida, presentada el 20 de noviembre de 2024 ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, busca declarar nulas las sanciones impuestas contra funcionarios, instituciones y entidades públicas asociadas a la dictadura, entre ellos Rosario Murillo y tres de sus hijos.

Sin embargo, expertos advierten que su impacto podría ser devastador para el sistema financiero nicaragüense y la economía del país.

La ley, que obliga a los bancos a reabrir cuentas a funcionarios e instituciones sancionadas, podría provocar un aislamiento financiero sin precedentes. 

Según un abogado especializado en derecho bancario consultado por el medio Confidencial, los bancos nacionales corren el riesgo de perder las corresponsalías con entidades internacionales, particularmente en Estados Unidos.

 “Sin corresponsalías, los bancos no pueden realizar transferencias, transacciones internacionales, ni operar cuentas corrientes en dólares”, advierte el experto, resaltando que todo dependerá de si Estados Unidos decide aplicar sus normativas al pie de la letra.

El caso de Bancorp —entidad sancionada que tuvo que cerrar operaciones tras ser desconectada del sistema financiero internacional— es un claro ejemplo de las posibles consecuencias. 

Sin acceso a plataformas internacionales, los bancos nacionales quedarían limitados a operar como “cooperativas de ahorro y crédito”, lo que en términos prácticos podría significar su desaparición.

Impacto en el comercio y las remesas

La pérdida de corresponsalías también afectaría directamente al comercio y las remesas, pilares fundamentales de la economía nicaragüense. 

Según el abogado, las importaciones y exportaciones se verían gravemente perjudicadas, ya que estas dependen de transferencias bancarias internacionales para el pago de mercancías. “El comercio exterior quedaría paralizado. Sin bancos con acceso al sistema internacional, los pagos no se podrían procesar”, señala.

Asimismo, las remesas, que representan una de las principales fuentes de ingreso para muchas familias nicaragüenses, se verían comprometidas. 

Actualmente, la mayoría de estas transferencias se procesan a través de bancos con corresponsalías en Estados Unidos. 

“Si esas relaciones se cortan, ¿cómo se enviarán las remesas? Esto podría afectar directamente a miles de hogares que dependen de ese dinero para sobrevivir”, cuestiona el jurista.

El politólogo Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, considera que, aunque la ley forzará a los bancos a cumplir con la normativa impuesta por el régimen, estos podrían realizar un voluntary self-disclosure (VSD) ante el Departamento del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos, buscando protegerse de posibles sanciones. 

Sin embargo, este proceso no garantiza que los bancos puedan evitar las consecuencias económicas y políticas de operar con entidades sancionadas.

Los bancos en dilema y en la cuerda floja

El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro manifestó que el sistema bancario nicaragüense «se encuentra en un dilema»: cumplir con las normativas internacionales o acatar la nueva ley del régimen. 

Si optan por lo segundo, no solo se exponen a sanciones, sino que también arriesgan su existencia al quedar desconectados del sistema financiero global.

Con una economía dependiente del comercio exterior y las remesas, Nicaragua podría enfrentar una crisis aún más profunda si los bancos pierden su acceso a los mercados internacionales. Mientras el régimen de Ortega intenta blindar a sus funcionarios sancionados, el costo de esta medida podría recaer en la población, que sufrirá las consecuencias de un sistema financiero aislado y colapsado.(nicaraguainvestiga.com)