El robo de vehículos en Honduras es apenas el primer eslabón de un negocio que, según investigaciones policiales, puede continuar en talleres clandestinos donde los automotores son escondidos, desmantelados o modificados para intentar devolverlos al mercado.

Durante 2026, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contabiliza 435 denuncias por robo de automotores, equivalentes a un promedio cercano a dos casos diarios. Francisco Morazán y Cortés concentran la mayor cantidad de reportes.

La Policía asegura haber recuperado 282 unidades, el 64.8 % de las denunciadas, mientras otras 153 —el 35.2 %— continúan sin aparecer.

Las cifras permiten dimensionar el delito, pero las investigaciones muestran un problema adicional: recuperar un vehículo puede resultar más difícil cuando las estructuras comienzan a modificar los elementos que permiten identificarlo.

OCHO DE CADA DIEZ DENUNCIAS SON POR MOTOCICLETAS

Las motocicletas concentran ampliamente el problema.

De las 435 denuncias registradas, 354 corresponden a motocicletas, alrededor del 81 % del total. La DPI reporta haber recuperado 232.

En automóviles, las autoridades contabilizan 81 denuncias y 50 recuperaciones.

El inspector Wilfredo Maldonado explicó que las investigaciones han permitido encontrar lugares apartados utilizados como talleres clandestinos y desguazaderos.

“Muchos de ellos, aparte de decomisarse a personas que se dedican a generar lo que es el robo, también se han logrado detectar talleres clandestinos en lugares muy inhóspitos”, indicó.

DEL ROBO A LA ALTERACIÓN DE IDENTIDAD

El hallazgo de estos establecimientos ayuda a explicar qué puede ocurrir con algunos vehículos después de desaparecer.

Según la DPI, determinadas estructuras alteran las series de los automotores y manipulan documentación para dificultar su identificación y posteriormente intentar comercializarlos.

Las autoridades identificaron, por ejemplo, una estructura denominada El Payaso, que, según la investigación policial, se dedicaba al robo de vehículos y a modificar sus series antes de intentar comercializarlos en departamentos como Olancho, Comayagua y El Paraíso.

Se trata de señalamientos derivados de investigaciones policiales y no deben interpretarse, por sí solos, como responsabilidad penal definitivamente establecida contra personas concretas.

La existencia de esta segunda fase convierte el robo en un problema que también toca el mercado de vehículos usados y repuestos, porque un comprador puede enfrentarse al riesgo de adquirir una unidad cuyos identificadores o documentos hayan sido manipulados.

UNA CIFRA QUE LA DPI NECESITA ACLARAR

Los datos proporcionados por las autoridades contienen una diferencia importante.

El registro general citado por la DPI establece 282 automotores recuperados en todo Honduras durante 2026.

Sin embargo, la portavoz Josseline Mairena informó que solo en Tegucigalpa se habrían localizado alrededor de 300 motocicletas y más de 50 automóviles durante el mismo período.

Ambas cifras no pueden corresponder al mismo universo estadístico: el dato atribuido únicamente a Tegucigalpa supera el total nacional reportado.

Por ello, antes de establecer una cifra definitiva de recuperaciones, la DPI necesita precisar si el dato de Tegucigalpa corresponde a vehículos robados en 2026, unidades recuperadas este año pero sustraídas en períodos anteriores, decomisos u otra categoría estadística.

Esta diferencia es relevante porque modifica la lectura sobre la efectividad de recuperación policial.

TOYOTA 22R, HONDA CIVIC Y MOTOCICLETAS ENTRE LOS REPORTES

Las autoridades identifican entre los automóviles que aparecen con frecuencia en estos casos al Toyota 22R y Honda Civic. En motocicletas mencionan modelos como NS200 y KMF.

La DPI también identifica las noches de sábado y domingo como períodos en los que se concentra una mayor cantidad de reportes.

Las recomendaciones policiales incluyen utilizar estacionamientos seguros, instalar sistemas de rastreo y mantener actualizada la documentación que permita acreditar la propiedad.

153 UNIDADES SIGUEN SIN APARECER

El dato pendiente detrás de las recuperaciones son los 153 automotores que permanecen sin localizar.

Su destino puede ser distinto en cada investigación. Por ello, no puede afirmarse que todos hayan terminado desmantelados o con sus identificadores modificados. Lo que la DPI sí ha documentado es que esas prácticas aparecen en algunas de las estructuras investigadas.

Para dimensionar mejor este mercado criminal todavía faltan datos públicos: cuántos talleres clandestinos han localizado las autoridades, cuántas personas han sido procesadas, cuántos vehículos recuperados tenían series alteradas y qué proporción termina desmantelada para vender sus piezas.

Esas respuestas permitirían pasar del conteo de vehículos robados a comprender cómo funciona el negocio que existe detrás de parte de esos 435 casos.