*** Quieren proclamar ganador de forma anticipada a Rixi

Tegucigalpa, Honduras. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ha denunciado este viernes posibles actos de corrupción dentro de la institución, luego de que la asesoría legal emitiera un nuevo dictamen calificando de «inconstitucional e ilegal» la resolución sobre los pliegos de condiciones para contratar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Cossette López, calificó como una “campaña orquestada y malintencionada” por parte del consejero Marlon Ochoa, señalando que sus recientes declaraciones en redes sociales buscan confundir a la ciudadanía y desacreditar la institucionalidad del órgano electoral.

La presidenta del CNE afirmó que el consejero Ochoa busca que el Consejo tenga escaso margen de revisión y control sobre los resultados que emite el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y pretende usar ese mecanismo para proclamar anticipadamente a una candidata, sin cumplir con las verificaciones establecidas por ley.

Controversia por «Intromisión Humana» y Solicitud de Marlon Ochoa

La denuncia de López surge a raíz de una solicitud del consejero Marlon Ochoa, representante del partido Libre, quien pidió ampliar un dictamen legal previo del 14 de junio sobre el TREP. Ochoa, en una publicación en X, argumentó que la resolución aprobada por mayoría (con los votos de López y Ana Paola Hall) no consideró «tres párrafos de intromisión humana» que, según él, fueron añadidos, y acusó que el nuevo modelo TREP es una maniobra para «centralizar ilegalmente el conteo de las actas», lo que considera un «fraude tramposo».

Ochoa aseguró que el nuevo dictamen de asesoría legal concluyó que la resolución aprobada por López y Hall es inconstitucional e ilegal, pues «usurpa la función de los miembros de las 19,000 mesas de votación (JRV) al centralizar el proceso en Tegucigalpa, como ocurrió en 2017».

«Dictamen Rápido y Contradictorio» Genera Sospechas

Cossette López, en declaraciones a Telenoticias Matutino de Canal 5, detalló la cronología que levanta sospechas: Ochoa solicitó el nuevo dictamen el miércoles 18 de junio después de las 5:00 p.m., y en tan solo una hora, a las 6:11 p.m., la asesoría legal ya tenía un dictamen de siete páginas declarando ilegal el nuevo modelo TREP. Esto, a pesar de que el 14 de junio se había emitido un dictamen favorable.

La presidenta del CNE señaló directamente a un asesor legal, identificado como Arnold, del partido Libre, por haber emitido un dictamen «rápido, unilateral y contradictorio», cuando la normativa exige una aprobación colegiada. López insinuó una «manipulación» de documentos desde fuera del CNE, cuestionando si se están «introduciendo documentos en asesoría legal solo para que sean firmados».

«Hay un comportamiento de corrupción porque ponerle documentos elaborados es un acto de corrupción», sentenció López.

Además, López rechazó los señalamientos de Ochoa sobre la supuesta centralización de la verificación de actas, argumentando que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no cuentan actas, sino votos. Afirmó que en el partido Libre se oponen a la divulgación de las actas verificadas, a pesar de que la Ley Electoral de Honduras lo establece claramente en su artículo 283.

Analistas Coinciden en «Desesperación» y Posible Manipulación

El analista político Jaime Rodríguez, en Telenoticias, calificó el actuar de Marlon Ochoa como «desesperado», indicando que «es evidente que el partido en el poder está preocupado y evidencia que están haciendo lo posible por dejar sin lugar y efecto una decisión firme y adoptada por dos de los tres concejales». Rodríguez no descartó la posibilidad de que el nuevo dictamen, emitido en tiempo récord, haya sido «enviado a asesoría desde afuera del CNE», respaldando la denuncia de Cossette López.

Por su parte, Dennis Gómez, exmagistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), manifestó que el nuevo dictamen legal sobre el TREP «no tiene sentido» al existir uno previo y reiteró que los tres consejeros del CNE tienen la obligación de generar confianza y garantizar elecciones transparentes.