El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) mantiene bajo la lupa la gestión pública tras confirmar que existen nuevas auditorías en marcha por supuestas anomalías en el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi).

La directora ejecutiva del organismo, Gabriela Castellanos, detalló que este hallazgo inicial es el resultado de una coordinación directa con la comisión liquidadora gubernamental, sirviendo como antesala para la apertura de expedientes en al menos ocho instituciones del Estado.

Castellanos enfatizó que la misión del CNA es técnica y llamó al Ministerio Público a ejercer acciones penales concretas.

«Esperamos que presenten requerimientos fiscales, profundicen en nuestras denuncias y sienten a los responsables ante los tribunales», manifestó la funcionaria durante una comparecencia de prensa en San Pedro Sula, donde además respaldó la trayectoria de la entidad, que acumula 177 líneas de investigación criminal en sus 14 años de operatividad.

Los sectores

La titular del CNA rechazó de forma tajante que las investigaciones posean motivaciones partidarias. Para ilustrar la imparcialidad del ente, recordó denuncias de alto impacto presentadas contra administraciones pasadas y actuales, tales como el fraude en los hospitales móviles, los desvíos en la Tasa de Seguridad, la adquisición del avión presidencial, los procesos contra un exmandatario y los recientes casos de nepotismo en la gestión de Xiomara Castro.

Ante la magnitud del desvío de fondos públicos, Castellanos admitió que la institución requiere de mayores capacidades operativas para dar abasto con las auditorías en sectores críticos como salud, energía y finanzas.

Asimismo, evocó las conclusiones del estudio institucional «Macrocorrupción en Honduras», el cual identificó 17 modalidades de saqueo estatal que provocan una pérdida estimada de 3,000 millones de dólares anuales, equivalentes a más de 75,000 millones de lempiras.