Tanto la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) como los Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) manifestaron su profunda preocupación ante las constantes demoras que debilitan el caso penal contra el alto mando militar.

Las organizaciones alertan que estos retrasos entorpecen el acceso a la justicia y podrían desgastar a las víctimas.

ALERTAN RIESGO

Dina Meza, directora de Asopodehu, advirtió que el proceso ha sufrido trabas desde el requerimiento fiscal, la audiencia de imputados y la audiencia inicial.

Según Meza, esta lentitud procesal parece diseñada para que los afectados y las organizaciones civiles desistan de la causa.

Pese al panorama, la defensora aseguró que su institución mantendrá de forma firme el acompañamiento legal para lograr que el Poder Judicial aplique las sanciones correspondientes al general Hernández.

EXCESO DE RECURSOS
La dilación del juicio responde a una estrategia de la defensa, la cual interpuso un recurso de apelación para anular las actuaciones desde la primera audiencia y exigir un sobreseimiento definitivo.

Por su parte, Jorge Jiménez, coordinador de Joprodeh, calificó las acciones de la defensa como un abuso del sistema legal, tras contabilizar más de 20 recursos presentados.

Jiménez lanzó además una seria advertencia pública al señalar la existencia de información que apunta a presuntas negociaciones de la cúpula militar para otorgar una carta de libertad definitiva al procesado.

El titular de Joprodeh exigió al sistema de justicia actuar con debida diligencia. Remarcó que, si bien se deben respetar las garantías del imputado, el Estado tiene la obligación prioritaria de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y sancionar los hechos que logren acreditarse en los tribunales.