Una Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió este jueves imponer la medida cautelar de detención judicial por el término de ley a siete policías acusados por la comisión de varios delitos.

Las autoridades policiales presentaron a los siete agentes de la DPI ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.

Los policías están involucrados en seis ilícitos, incluyendo tres vinculados al flagelo que vulnera la ética de los servidores públicos.

En la audiencia de declaración de imputado, la fiscalía solicitó privar del derecho de la libre locomoción a los imputados, mientras que la defensa consideró mantener el estado de inocencia y pidió medidas alternas. Los detenidos y remitidos a la cárcel de Támara son:

Rigoberto Ramos Ramos
Omar Daniel Paguaga Sevilla
Emerson Gabriel Castillo Martínez
Luis Gustavo Martínez Estrada
Bryan Emmanuel Mejía Vásquez
Félix Manuel Hernández Bonilla
Enar Moisés Ramos Ochoa

A ellos se les supone responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación, allanamiento de morada por funcionario público, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y abuso de autoridad en perjuicio de un testigo protegido, contra la inviolabilidad domiciliaria, los derechos fundamentales de la sociedad, la fe pública y la administración pública del Estado de Honduras.

En la audiencia, se leyeron los derechos a cada imputado y se les informó de la acusación. La Fiscalía pidió aplicar el término de ley, mientras que la defensa consideró las medidas sustitutivas. La jueza, ante la gravedad de los delitos planteados, la posibilidad de penas a imponer, y la capacidad que tienen para interferir en el proceso o atentar contra las víctimas o autoridades, consideró que deben cumplir el término de ley para inquirir en el Centro Penitenciario de Támara, en el departamento de Francisco Morazán.

La audiencia inicial se estableció para las 09:00 del martes 30 de enero, y a solicitud de la Fiscalía, el caso pasa a secretividad.