Tegucigalpa, 2 de noviembre de 2025 — El gobierno de Honduras elevó la recompensa por información que conduzca a la detención del general retirado Romeo Vásquez Velásquez a 35 millones de lempiras —equivalentes a aproximadamente 1.3 millones de dólares—, estableciendo así la suma más alta jamás ofrecida en la historia del país por la localización de un prófugo.

La medida busca acelerar la captura del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien enfrenta cargos penales relacionados con hechos ocurridos durante la crisis política de 2009, en particular por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala.

Ambos fueron alcanzados por proyectiles durante protestas masivas en San Pedro Sula, en el marco de la represión desatada tras la destitución del entonces presidente Manuel Zelaya.

Desde que se emitió la orden de captura en marzo de este año, las autoridades han incrementado progresivamente el monto de la recompensa, pasando de 500,000 lempiras a 30 millones en septiembre, y ahora a los 35 millones actuales.

Este nuevo ajuste refleja, según fuentes del Ministerio Público, la determinación del Estado por llevar ante la justicia a uno de los rostros más visibles del golpe de Estado de hace 16 años.

A pesar de estar en condición de fugitivo, Vásquez Velásquez mantiene una activa presencia en redes sociales, desde donde ha lanzado declaraciones críticas contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y su partido, al que acusa de promover una agenda “comunista”.

También ha expresado su rechazo a figuras del oficialismo, como la aspirante presidencial Rixi Moncada, y ha llamado a sus seguidores a “defender la dignidad nacional”.

Las autoridades de seguridad han reforzado los operativos de inteligencia y rastreo en todo el territorio nacional, y exhortan a la ciudadanía a reportar cualquier pista sobre su paradero a través de los canales oficiales de denuncia.

La Fiscalía reiteró que la investigación se enmarca en el derecho a la justicia para las víctimas y sus familias, y negó que el caso tenga motivaciones políticas, pese a las interpretaciones de algunos sectores.

Con esta recompensa histórica, el Estado hondureño envía un mensaje contundente: la impunidad, incluso para figuras de alto perfil militar y político, tiene los días contados.