El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó su opinión técnica sobre las propuestas de reformas electorales que se encuentran en discusión y remitirá el documento al Congreso Nacional para que sea considerado durante el análisis legislativo, informó el consejero Eduardo Fuentes.

La evaluación comprende iniciativas promovidas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y propuestas formuladas por exautoridades electorales. El Legislativo había solicitado previamente la opinión del CNE sobre los cambios planteados.

Fuentes precisó que el pronunciamiento del organismo electoral no tiene carácter vinculante. La decisión sobre qué modificaciones continúan su trámite corresponde al Congreso, particularmente a la Comisión de Asuntos Electorales.

EL CNE MIDE SI LAS REFORMAS PUEDEN APLICARSE

El papel del CNE en esta etapa consiste en determinar las implicaciones técnicas, logísticas y operativas que tendría llevar las reformas a la práctica.

El punto es relevante porque los cambios que finalmente sean aprobados deberán incorporarse a la planificación de las elecciones de 2029.

“Finalmente, las que procedan poderlas aplicar de manera eficiente durante esta planificación y durante la ejecución del proceso electoral del año 2029”, manifestó Fuentes.

Entre los temas que han formado parte de las propuestas presentadas al Congreso aparecen cambios en la integración de las juntas receptoras de votos, escrutinios especiales y mecanismos de transmisión de resultados. La iniciativa impulsada por Zambrano comprende modificaciones a más de 20 disposiciones de la legislación electoral.

MÁS PROPUESTAS EN CAMINO

El debate todavía no está cerrado. Fuentes indicó que el CNE permanece a la espera de otros planteamientos provenientes del PNUD y sectores de sociedad civil.

Una mesa integrada por organizaciones sociales ha trabajado en propuestas sobre administración electoral, financiamiento político, inscripción de partidos y candidaturas, así como cambios relacionados con el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia.

El siguiente paso será que el Congreso contraste los diferentes proyectos y opiniones técnicas para determinar cuáles cambios pueden convertirse en reformas. El Legislativo ha señalado que pretende avanzar con este proceso durante 2026