Dar clases se ha convertido en una actividad de riesgo para centenares de docentes hondureños. Amenazas, extorsiones y otras formas de violencia han obligado a maestros a abandonar sus centros educativos e incluso desplazarse para proteger su vida e integridad, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Entre 2016 y 2025, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno identificó aproximadamente 553 casos de docentes en riesgo o víctimas de desplazamiento, informó Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del organismo.

La dimensión del problema coloca a los trabajadores de la educación como el tercer perfil más afectado por el desplazamiento forzado interno, después de amas de casa y comerciantes. Pero al comparar gremios profesionales, los docentes ocupan el primer lugar, por encima de abogados y periodistas.

De cada 100 casos atendidos por el Conadeh, cinco corresponden a trabajadores de la educación.

¿POR QUÉ AMENAZAN A LOS DOCENTES?

Los casos muestran que detrás del desplazamiento existen diferentes formas de violencia.

Según Reyes, en el 71 % de los casos las amenazas están relacionadas con extorsión, violencia basada en género, información que los docentes conocen sobre sus estudiantes o intervenciones para protegerlos frente al riesgo de reclutamiento por estructuras criminales.

El Conadeh también ha documentado tentativas de homicidio.

El problema se extiende por los 18 departamentos, aunque los casos se concentran principalmente en Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso, Olancho y Choluteca, particularmente en el Distrito Central y San Pedro Sula.

Las mujeres aparecen como las principales afectadas: representan 68 % de las quejas, frente a 32 % correspondientes a hombres.

En el 41 % de los casos, las víctimas identificaron entre los presuntos agresores a personas desconocidas, integrantes de estructuras criminales e incluso miembros de cuerpos de seguridad del Estado, según el Conadeh.

2025 DEJÓ 59 CASOS DE DOCENTES

La problemática continuó durante el último año del período analizado.

Solo en 2025, el organismo recibió 676 quejas relacionadas con desplazamiento forzado. De ellas, 59 correspondieron a docentes, equivalentes al 8.7 % del total.

Pero abandonar un centro educativo no afecta únicamente al maestro amenazado.

Cuando un docente tiene que salir de una comunidad, el impacto puede extenderse a estudiantes que pierden a su profesor y a centros educativos que deben buscar sustitutos, especialmente en lugares donde existen dificultades para cubrir plazas.

Por eso, el Conadeh plantea el desplazamiento de docentes como un problema que también puede comprometer el derecho a la educación de las comunidades afectadas.

EL COSTO EMOCIONAL DE ENSEÑAR BAJO AMENAZA

La violencia también deja consecuencias que no aparecen en las estadísticas de traslados.

Reyes señaló que docentes y estudiantes expuestos permanentemente al miedo pueden enfrentar estrés, ansiedad, insomnio y otros problemas de salud.

Ante esta situación, el Conadeh recomendó incorporar atención psicológica especializada en los centros educativos y establecer mecanismos que permitan responder inmediatamente cuando un maestro denuncia amenazas.

“No puede ser que un docente tenga que esperar una resolución interna para un traslado cuando su vida y su integridad personal están en riesgo. La medida debe ser inmediata”, planteó Reyes.