** OPC/ICTSI, concesionaria de Puerto Cortés, demandó a Honduras ante el CIADI, con reclamo inicial de $10 millones por competencia desleal

** Organizaciones de “Salvemos Omoa” advierten que no se ha presentado estudio de impacto ni existe licencia ambiental

Omoa, Cortés.- Una serie de factores turísticos, ecológicos, de inversiones en la zona y legales fundamenta la coalición de organizaciones “Salvemos Omoa”, para oponerse a la construcción de un muelle de carga en la zona residencial de Motrique y la desembocadura del río Omoa.

Como se ha apuntado, se trata del proyecto del consorcio Servicios Consolidados de Honduras S. de R.L. de C.V. e Invesport, para construir una terminal portuaria industrial de carga en la bahía de Omoa, sobre 19.05 hectáreas de la desembocadura del río Omoa y su lecho marino.

El Congreso Nacional aprobó el contrato en 2021, como concesión privada por 25 años con exoneración fiscal total. Según las organizaciones en contra de esa inversión en esa zona, el lugar no es un espacio vacío, sino que uno de los ecosistemas más únicos y delicados del Caribe centroamericano.

DEMANDA DE CONCESIONARIA

“Salvemos Omoa” sostiene que el proceso de aprobación fue irregular y está viciado de nulidad, además que el contrato nunca fue presentado al pleno de diputados y se saltaron los tres debates obligatorios de ley.

Las denuncias señalan que la junta directiva de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), que coordinaría el proyecto con el consorcio, nunca conoció ni aprobó el contrato, una violación directa de la gobernanza portuaria.

Asimismo, indican que se manipuló ilegalmente la Declaratoria de Interés Nacional del CNI para eludir la licitación pública e insertar exenciones fiscales que la ley prohíbe.

Por ese proyecto también la OPC/ICTSI, concesionaria de Puerto Cortés, ya demandó formalmente a Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con un reclamo inicial de 10 millones de dólares por competencia desleal.

                                           ALERTAN ECOCIDIO

La bahía de Omoa, se encuentra en el centro de una tormenta que va mucho más allá del cemento y el desarrollo. El proyecto es visto por científicos, ambientalistas y vecinos organizados bajo el lema “Salvemos Omoa” como una sentencia de muerte para un ecosistema irremplazable. Las alarmas están encendidas: el proyecto, aseguran, es inviable.

Para entender la magnitud del peligro hay que sumergirse en la bahía. El fondo marino de Omoa esconde un secreto geológico: ventilas hidrotermales someras, unas raras fuentes de aguas termales submarinas nacidas de la actividad de la Falla de Motagua.

No hay nada igual en todo el Caribe centroamericano. Las ventilas alimentan a bacterias únicas que sostienen toda la cadena alimenticia de la zona. Construir el muelle significa, literalmente, sepultar este laboratorio natural para siempre, advierten

Pero el daño en la superficie sería igual de devastador. El método para fijar la estructura al fondo del mar —la hincadura de pilotes— genera ondas acústicas ensordecedoras que viajan por kilómetros bajo el agua.

El Centro de Estudios Marinos (CEM) confirmó en 2024 que la bahía es el hogar de una población residente de delfines nariz de botella que usan estas aguas para criar a sus jóvenes. Para estos cetáceos, el ruido de las máquinas no es solo una molestia; es un impacto que puede destrozar sus sensibles sistemas auditivos, condenándolos a la desorientación y la muerte.

La zona es también un corredor vital para el manatí antillano, un gigante noble que en Honduras goza de una veda nacional absoluta. Estos animales necesitan las desembocaduras de agua dulce para sobrevivir. Con el proyecto en marcha, el tráfico constante de barcos de gran calado convertirá su hogar en una autopista de propelas mortales. A esto se suma el drama de las tortugas Carey y Verde.

La Fundación Cuerpos de Conservación de Omoa ha documentado que las playas colindantes son zonas activas de anidación. Si se levanta el muro de concreto del muelle, las tortugas encontrarán su camino bloqueado y el dragado borrará los pastos marinos que alimentan a los peces que sostienen a las familias locales, se enumera.

Negocio extranjero

Entre las razones también señalan que el megaproyecto amenaza con asfixiar la economía local para abrirle paso a un enclave logístico diseñado a la medida de corporaciones bananeras guatemaltecas.

El objetivo real, según denuncian los grupos locales, es que estas empresas puedan exportar sus productos esquivando las altas tarifas de los puertos de su propio país.

El trato parece leonino: las corporaciones extranjeras se llevan las ganancias gracias a una exoneración de impuestos por 25 años, mientras que Honduras pone el territorio, absorbe el daño ecológico irreversible, destruye sus carreteras por el tráfico pesado y se queda con el riesgo de inundaciones río arriba por la alteración de las corrientes.

Muro de la ley

A la fecha, el proyecto no cuenta con la licencia ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), un requisito que la ley hondureña exige de forma obligatoria antes de mover una sola piedra.

Los opositores señalan que el contrato nació muerto, viciado por la nulidad: se aprobó sin los debates legislativo correspondientes, dejando por fuera a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y saltándose la licitación pública.

Juristas ambientales recuerdan que la Ley General del Ambiente obliga al Estado a aplicar el Principio de Precaución (si hay duda de daño irreversible, no se construye) y que la Ley General de Aguas prohíbe privatizar o dañar fuentes térmicas públicas.

Además, Honduras se expone a sanciones internacionales por violar tratados vinculantes de la ONU como el Convenio de Cartagena y el protocolo de protección del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), la segunda barrera de coral más grande del planeta.

Para los defensores de la bahía, la conclusión es clara: el costo de este muelle no se mide en dólares, sino en la pérdida definitiva de un patrimonio natural que pertenece a todos los hondureños.

¿ESTUDIO AMBIENTAL?

Uno de los ambientalistas de “Salvemos Omoa”, Leonardo Pineda, explicó que “no se ha presentado todavía un estudio ambiental y de impacto ambiental a la comunidad, se ha dicho que se hizo, pero nadie lo ha visto”.

El ecologista reafirmó que el daño al ecosistema de la región sería irreparable, porque es un corredor del delfín nariz de botella, el manatí antillano y la tortuga golfina, entre otras especies de fauna marina, además de la flora ya existente.

“Para poner un muelle en esta zona sería bueno si existe el estudio de impacto ambiental que se lo enseñaran a la comunidad, porque realmente el impacto va a ser para la comunidad, el municipio”.

“Hasta este momento solo escuchamos, por ejemplo, cosas como las que dijo en algún momento el diputado Villeda Bermúdez, que dijo que ese proyecto había pasado sin haber sido socializado en el Congreso Nacional, en una reunión opaca y con dispensa de debates…. como que hubo cosas grises en la aprobación de este decreto”, refirió.

Pineda indicó que “para un proyecto categoría cuatro que sería para esta zona, se requiere una un estudio de impacto ambiental realmente fuerte y hasta este momento no ha sido público, no se ha publicado y la Serna no lo tiene a disposición”.

Se indicó que en julio pasado, el titular de la Serna, Juan Carlos Ramos, refirió que no se había presentado la solicitud de licencia ambiental y por lo tanto la institución no había emitido ninguna autorización al respecto.

ESCRITO DE OPOSICIÓN

La representante legal de “Salvemos Omoa”, abogada Mabel Merino, presentó un escrito a la corporación municipal en oposición al proyecto, donde las cámaras de Comercio y Turismo se sumaron para rechazar un pretendido cambio del uso de suelo de residencial a industrial en la zona donde se proyecta construir el muelle de carga.

“Estamos aclarando que no es un muelle de inversión turística, sino que industrial, entonces ellos tienen ese punto donde para poder aprobar esa construcción ellos necesitan hacer el cambio del uso de suelo, porque el área de Motrique la tienen como uso residencial y no como industrial”, señaló,

La profesional del derecho y habitante de Omoa cabecera, aclaró que los comerciantes y demás dueños de negocios del área turística, “no nos oponemos a la inversión que viene al municipio, porque se dice mucho que ahorita andan un grupo de personas en contra de la inversión que llegue al municipio”.

Merino señaló que el municipio de Omoa a nivel internacional “ya está acreditado como una zona turística y al permitirse la construcción del muelle que viene disfrazado de que es turístico que van a venir tanto cruceros y yates al municipio, cosa que es mentira, entonces nos va a afectar a nosotros, ya no va a ser un lugar turístico, sino que va a ser una zona industrial”.

“Nosotros lo que queremos es solicitar a la corporación municipal que ellos hagan un cabildo abierto, pero realmente presentar solo ese proyecto que vengan los empresarios, sus representantes y que digan: este proyecto va a ser así, este es el impacto ambiental que va a tener, pero esta es la mitigación que va a haber”, demandó.

ZONA RESIDENCIAL

En su escrito a la municipalidad, propietarios, residentes, empresarios y demás personas de interés legítimo en la zona de Motrique, Omoa, señalaron que un informe oficial emitido por el Departamento de Catastro, el 13 de agosto de 2026, reconoce expresamente que, según la Normativa del Uso de Suelo vigente, esa localidad está clasificada como una Zona Residencial.

Durante años, la propia municipalidad ha respaldado este ordenamiento territorial mediante el otorgamiento de permisos de construcción y la autorización de inversiones privadas. Gracias a este marco legal, actuales propietarios y residentes construyeron viviendas y edificios de apartamentos bajo el principio de confianza legítima en las normativas locales.

Según denuncias de los afectados, la terminal portuaria no se limitaría a recibir cruceros turísticos, sino que operaría con buques mercantes, transporte de carga y actividades de cabotaje.

Expertos y residentes advierten que este megaproyecto representa un uso de suelo completamente opuesto a la naturaleza residencial de Motrique. Asimismo, señalan que generará graves impactos urbanísticos, ambientales, viales y socioeconómicos que ponen en riesgo la calidad de vida de la comunidad.