El analista internacional René Bolio sostiene que Pekín utiliza el derecho para proyectar su poder fuera de sus fronteras. Taiwán, Estados Unidos y la Unión Europea cuestionan el alcance extraterritorial de la norma

IMAGINE MEDIA PR (MIAMI).— La legislación que Pekín puso en vigor el 1 de julio para promover la “unidad étnica” representa una nueva forma de presión jurídica contra Taiwán y otros pueblos con identidad propia, según un análisis del internacionalista René Bolio, exsenador mexicano y presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

Bolio sostuvo que la norma trasciende la política interna de China porque incorpora al marco legal la idea de “una sola comunidad nacional dirigida por el Partido Comunista”. A su juicio, esa concepción también se proyecta sobre Taiwán, el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior, y convierte “el derecho en una herramienta de expansión política”.

La Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos fue aprobada por la Asamblea Popular Nacional el 12 de marzo y entró en vigor el 1 de julio. Pekín asegura que su objetivo es fortalecer la cohesión entre los 56 grupos étnicos reconocidos, impulsar el desarrollo de las regiones minoritarias y combatir la discriminación, el separatismo, el terrorismo y el extremismo religioso.

Dos disposiciones, sin embargo, encendieron las alarmas fuera de China. El artículo 21 promueve una mayor integración entre ambos lados del estrecho y busca reforzar entre los taiwaneses la idea de que pertenecen a la nación china.

A su vez, el artículo 63 establece que organizaciones o individuos ubicados en el extranjero pueden afrontar responsabilidades legales por actos que Pekín considere contrarios a la unidad étnica o favorables al separatismo.

Una estrategia de “lawfare”

Bolio definió esa práctica como “lawfare”, es decir, el uso del ordenamiento jurídico para alcanzar objetivos estratégicos que antes se perseguían mediante presiones diplomáticas, económicas o militares.

En su análisis, el internacionalista comparó ese razonamiento con la doctrina rusa del “Mundo Ruso”, utilizada para reivindicar la protección de comunidades rusas o rusoparlantes más allá de las fronteras de Rusia.

El analista también mencionó, como antecedente histórico extremo, la doctrina nazi del “espacio vital”. La comparación planteada por Bolio apunta al peligro de utilizar nociones históricas o culturales de nación para “legitimar la ampliación del poder estatal” sobre otros territorios o poblaciones.

Taiwán anuncia medidas

Por su parte, el Gobierno taiwanés rechazó la legislación y anunció una plataforma interinstitucional para proteger a sus ciudadanos frente a lo que considera represión transnacional. El primer ministro Cho Jung-tai afirmó que Pekín intenta extender su jurisdicción política e ideológica y aumentar la presión sobre personas, empresas y organizaciones taiwanesas.

El presidente Lai Ching-te reforzó esa posición al declarar que el territorio debe defender su democracia y evitar que la “Taiwán democrática” se convierta en la “Taiwán de China”. También insistió en que su futuro debe ser decidido por sus 23 millones de habitantes.

Entretanto, Estados Unidos y la Unión Europea expresaron preocupación por el alcance extraterritorial de la norma. Amnistía Internacional advirtió, además, que sus conceptos amplios podrían facilitar la persecución de activistas y consolidar políticas de asimilación cultural contra uigures, tibetanos y mongoles.

Para Bolio, el debate supera la disputa entre Pekín y Taipéi. Lo que está en juego, concluyó, es si el derecho servirá para proteger la libertad y la identidad de los pueblos o será utilizado para imponer jurisdicciones y redefinir soberanías desde fuera de las fronteras nacionales.