La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una nueva orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien investiga por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año.

De acuerdo con la orden firmada por el fiscal Brayan Melgar, el exmandatario es investigado por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y ataques contra servicios públicos.

Investigación por bloqueos

La denuncia fue presentada inicialmente por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

La investigación también incluye al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar.

Según las autoridades bolivianas, los bloqueos de carreteras se prolongaron durante siete semanas, provocando desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal. El Gobierno atribuye a esos hechos la muerte de 16 personas, de las cuales 13 habrían fallecido por falta de atención médica, además de pérdidas económicas superiores a 3,000 millones de dólares.

Morales rechaza las acusaciones

Evo Morales ha negado que las movilizaciones tuvieran como objetivo forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz y sostiene que las protestas buscaban que el Gobierno atendiera las demandas de los sectores movilizados.

Esta nueva orden de captura se suma a otra causa penal en la que el exmandatario es investigado por presunta trata agravada de personas.

Desde octubre de 2024, Morales permanece en la región del Chapare, donde es resguardado por simpatizantes que impiden su detención. En declaraciones anteriores, el expresidente afirmó que no tiene intención de entregarse a las autoridades y aseguró que enfrentará el proceso desde ese lugar.