Por: Ariel Montoya

La reciente decisión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de reformar sus mecanismos de votación para destrabar la elección de su secretario general, prescindiendo de la capacidad de veto ejercida por Nicaragua, constituye una señal inequívoca de que la región ya no está dispuesta a permanecer rehén de los intereses y caprichos de una dictadura que ha utilizado los espacios multilaterales para fines ajenos a la integración regional.

Se trata de un hecho político de enorme relevancia. Durante años, el orteguismo utilizó distintos organismos centroamericanos para fortalecer su influencia y proyectar una imagen de legitimidad internacional que contrastaba con la realidad interna de Nicaragua. Mientras dentro del país se multiplicaban las denuncias por violaciones a los derechos humanos, encarcelamientos arbitrarios, persecución política, confiscaciones y destrucción de las libertades públicas, en algunos organismos regionales el régimen lograba mantener cuotas de poder que le permitían obstaculizar decisiones y condicionar consensos.

La influencia sandinista se extendió durante años a instituciones como el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) —desmontada hace una semana—, organismos cuestionados por su limitada efectividad y por su incapacidad para responder a los desafíos reales de la región. Ya dicha Corte es fósil jurídico que nunca sirvió y el tal Parlamento no ha servido, tangiblemente, para nada. 

Lejos de fortalecer la democracia centroamericana, muchos de estos espacios terminaron sirviendo de refugio burocrático para intereses políticos e ideológicos que poco tenían que ver con las necesidades de los pueblos del istmo.

Sin embargo, la realidad política regional ha comenzado a cambiar. La nueva correlación de fuerzas surgida en varios países centroamericanos, particularmente en Honduras y Costa Rica, ha reducido significativamente la capacidad de influencia del régimen nicaragüense. 

Las recientes tensiones dentro del SICA reflejan precisamente ese cambio. El mensaje enviado a Managua es contundente: La integración centroamericana no puede seguir condicionada por la voluntad de un gobierno que ha convertido la represión interna en política de Estado.

Este aislamiento no es producto de una conspiración internacional, como insiste en afirmar la propaganda oficial sandinista. Es la consecuencia directa de años de represión política, cierre de espacios democráticos, la demolición del Estado, el ataque frontal a la fe cristiana, las desapariciones forzadas, los opositores muertos en prisión ilegal y el desconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses. 

Ninguna nación democrática puede permanecer indiferente ante la existencia de presos políticos, el cierre de medios independientes, la persecución de líderes religiosos, el destierro de opositores y la anulación sistemática de la sociedad civil organizada.

Por ello, la decisión del SICA debe interpretarse dentro de un contexto más amplio. Se suma a las sanciones impulsadas por Estados Unidos, a las resoluciones aprobadas por la Unión Europea, a los informes de organismos internacionales de derechos humanos y a las constantes denuncias formuladas por organizaciones cívicas.

La situación de los presos políticos continúa siendo una de las mayores vergüenzas del régimen. La muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, denunciada por amplios sectores opositores, ha generado nuevas interrogantes y preocupaciones internacionales. Al mismo tiempo, persiste la angustia por la situación de dirigentes como Stedman Fagoth, el jurista Manuel Urbina Lara y Valmore Valladares, presidente legítimo del Partido Liberal Independiente (PLI-Histórico), quien enfrenta una grave situación de salud después de haber denunciado malos tratos y discriminación médica pública. 

Casos como estos evidencian la dimensión humana de una crisis que trasciende las estadísticas y golpea directamente a familias enteras.

Pero si el SICA está actuando del lado correcto de la historia, también Estados Unidos ha comenzado a enviar señales cada vez más claras. La administración del presidente Donald Trump, más allá de las controversias propias de la política estadounidense, parece comprender que la defensa de la democracia hemisférica requiere firmeza frente a los regímenes autoritarios que continúan amenazando la estabilidad regional.

Las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, reflejan esa visión. Nicaragua ya no es vista únicamente como un problema interno, sino como parte de una lucha más amplia por la libertad y la defensa de los valores democráticos en el continente.

La historia demuestra que ningún régimen basado en el miedo, la persecución y la negación de libertades es eterno. Tarde o temprano, la voluntad de los pueblos termina imponiéndose sobre quienes pretenden gobernarlos mediante la fuerza. 

Como ha señalado Marco Rubio, los enemigos de la libertad podrán retrasar el curso de la historia, pero jamás detenerlo. Y cuando finalmente amanezca la democracia en Nicaragua, quedará demostrado que ningún poder es más fuerte que la voluntad de un pueblo decidido a recuperar su libertad. (Artículo originalmente publicado en laprensani.com)

*** El autor es escritor y periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos. Columnista internacional y Secretario General del Partido PLI-Internacional.