San Salvador, 16 de abril de 2025 — El senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen arribó este miércoles a El Salvador con el objetivo de solicitar la liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos a pesar de contar con estatus legal y residencia en Maryland.

“Ya estoy en El Salvador y espero reunirme con el equipo de la Embajada de EE. UU. para discutir la liberación del Sr. Ábrego García”, publicó Van Hollen en su cuenta de X.

El legislador también expresó su deseo de conversar con funcionarios salvadoreños y con el propio Ábrego, a quien considera fue “secuestrado ilegalmente” y quien “necesita regresar a casa”.

Ábrego, de 24 años, fue uno de más de 200 migrantes deportados el 16 de marzo hacia la prisión de máxima seguridad conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), como parte de un acuerdo entre los gobiernos de EE. UU. y El Salvador.

La mayoría de estos migrantes, en su mayoría venezolanos, no tuvieron acceso a procesos judiciales ni derecho a apelar su deportación, situación que organizaciones de derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha justificado las expulsiones al vincular a los migrantes con grupos criminales como el Tren de Aragua y la MS-13, recientemente designados como organizaciones terroristas por Washington.

Sin embargo, investigaciones de medios estadounidenses indican que la mayoría de los deportados no tiene antecedentes penales.

A pesar de un fallo de la Corte Suprema de EE. UU. que ordena facilitar el regreso de Ábrego, tanto Washington como San Salvador aseguran no tener la capacidad de hacerlo. En su reciente visita a la Casa Blanca, el presidente Nayib Bukele se negó a liberarlo, calificándolo erróneamente como terrorista.

El Gobierno estadounidense ha mantenido en secreto los detalles del acuerdo con El Salvador, limitándose a confirmar que Ábrego sigue con vida.

Según documentos judiciales, el joven fue arrestado en un retén migratorio y deportado pese a estar legalmente protegido. Está casado con una ciudadana estadounidense y huyó de su país tras recibir amenazas de la pandilla Barrio 18.

El trato entre ambas naciones contempla un pago anual de seis millones de dólares a El Salvador para sostener su sistema penitenciario, según fuentes cercanas al caso.